Poco se ha hablado esta semana de los nefastos datos de paro y seguridad social que se publicaron el martes. Ha bastado la cercanía del 8-M y un par de bombas de humo convenientemente colocadas en medios afines para que nos olvidemos de que España va camino de los 6 millones de parados o de que en febrero se han destruido unos 180.000 puestos de trabajo (20.000 nuevos afiliados y 200.000 personas más en ERTE), 210.000 si tenemos en cuenta la variación en términos desestacionalizados.
Esto, para que nos hagamos una idea, supone una tasa de paro equivalente que ya supera el 25% y un mazazo para un mercado laboral que, si bien no recuperaba, tampoco destruía empleo en los últimos meses. La comparativa queda perfectamente ilustrada a la luz de la evidencia histórica: en 4 de los 5 últimos años el paro se ha reducido en el mes de febrero; este año se ha incrementado en más de 40.000 personas.
La colección de mazazos y malos datos que acumula este Gobierno se cierra (aunque no se completa) con dos datos que han pasado desapercibidos y por los que sí que merecería la pena manifestarse este próximo 8-M, aunque fuera por vía telemática:
- 3 de cada 4 nuevos parados del mes de febrero fueron mujeres.
- 1 de cada 4 nuevos parados del mes de febrero fueron jóvenes menores de 25 años. Esto, para un país líder europeo en tasa de paro juvenil (40%) debería ser motivo, cuanto menos, de exaltación.
España se salvó por muy poco de volver a registrar un crecimiento del PIB negativo en el cuarto trimestre del año. A pesar de lo que todos los indicadores de actividad señalaban, la variación registrada fue del 0,4% trimestral. Sin duda, fue una sorpresa generalizada de la que el Gobierno no se sintió especialmente orgulloso.
La razón es clara: Madrid fue el único responsable de ello. La convicción de Ayuso de encontrar un equilibrio entre salud y economía no sólo ha funcionado en términos económicos, sino que también ha permitido a la región crecer un 4,4% en el cuarto trimestre, una cifra que multiplica por 11 el crecimiento medio nacional. Merece la pena comparar esta cifra con la lograda en regiones de similar peso sobre el PIB, medidas más restrictivas y con datos sanitarios también negativos, como es Cataluña (caída del -0,5% del PIB en el cuarto trimestre) o Andalucía (-0,3%).
Madrid evidencia que quien establece una dicotomía entre economía y salud es que no sabe gestionar ni una cosa ni la otra. Y por eso está ganando la batalla contra el virus y contra el socialismo intervencionista y liberticida que emana del Palacio de la Moncloa.
La gran pregunta, a la luz de los datos macroeconómicos, es: ¿Qué hubiera ocurrido si Ayuso se hubiera plegado a los deseos de Sánchez en el mercado laboral? Para responderla, es importante tener clara la foto de partida.
Desde que en septiembre el Gobierno de España asumiera el mando de gestión de la covid las comunidades autónomas, Madrid ha sido de lejos la región que más empleo ha creado. Si tenemos en cuenta la variación de la afiliación y el descenso de los ERTE, Madrid ha generado más de 82.000 puestos de trabajo, frente a los 183.000 que ha destruido España en su conjunto, con Baleares, Galicia, Castilla-La-Mancha y Cataluña a la cola.
A la luz de los datos, es evidente que Madrid no puede parar. España ya ha sido el país que peor evolución presenta en su mercado laboral y no se puede permitir una evolución incluso más negativa.
Pero es que, además, viendo la estructura económica de Madrid en comparación con otras regiones donde sí que se han impuesto medidas más restrictivas, es evidente que el cierre de la hostelería en Madrid tendría mucho más impacto que, por ejemplo, en Castilla-La-Mancha o en Galicia. La razón es muy sencilla: Madrid tiene el mayor peso del sector servicios sobre el PIB de España. Sólo el valor añadido bruto que generan los sectores comercial y hostelero en Madrid es mayor que el PIB de Castilla-La-Mancha o que el de Asturias, Cantabria y La Rioja juntos.
Algo similar ocurre en términos de empleo, donde el sector servicios de la Comunidad de Madrid emplea a más personas incluso que en Cataluña.
Por lo tanto, cerrar la hostelería y el comercio en Madrid tiene una trascendencia en términos nacionales mucho más elevado que hacerlo en otras regiones.
En segundo lugar, debemos evaluar qué ha ocurrido en los mercados laborales que más restricciones han sufrido. Si tenemos en cuenta la evolución de la afiliación a la seguridad social y de los ERTE entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, la Comunidad Valenciana ha perdido 16.322 puestos de trabajo (el 0,9% de sus afiliados en Septiembre), Galicia el 4% y Castilla-La-Mancha el 5,6%.
Por lo tanto, ya tenemos un suelo y un techo para la potencial destrucción del mercado laboral madrileño. Aplicando estos porcentajes a los afiliados madrileños de septiembre obtenemos que en Madrid se podrían haber destruido entre 28.000 y 178.000 puestos de trabajo en los últimos meses en un escenario de cierre de la hostelería y de las actividades no esenciales.
Una cifra que hay que incrementar por el empleo que no se habría creado (las 82.000 personas anteriormente mencionadas), por lo que el impacto directo del cierre de la actividad no esencial en la Comunidad de Madrid oscilaría entre 110.000 y 260.000 puestos de trabajo.
Si, además, tenemos en cuenta el efecto multiplicador que supone el mayor peso del sector servicios sobre el PIB y el empleo madrileños con respecto a las regiones tomadas como referencia, el impacto se dispara hasta los 130.000 y los 320.000 puestos de trabajo.
O, dicho de otra manera, la destrucción de empleo podría haber sido 3 veces mayor en el peor de los escenarios a la que ya hemos visto, que hemos de insistir en que es muy negativa.
Estamos hablando de personas que pierden su empleo o dejan de depender de sí mismas para depender del Estado. Pero, sobre todo, personas que ven truncados sus proyectos de vida por la acción de unos gobernantes que tienen el sueldo asegurado.
El viento está cambiando. La inflación está haciendo que se encarezca la financiación estatal y los mercados financieros ya comienzan a cerrarse, comenzando por el sector empresarial. El plan de Sánchez para hacer frente a la dura situación empresarial es el mismo que el que tenía al principio de esta crisis: Facilitar el acceso a deuda para que las empresas sigan pagando sus impuestos y él mantenga la mayor red clientelar de la historia de nuestro país. Ni una sola solución acorde con lo que pide Bruselas, ni la patronal, ni el sentido común.
España, además, corre un serio riesgo de que los fondos europeos nunca lleguen por el carácter totalitario y tribal del Decreto que regula su gestión, lo cual nos aboca a ir con armas de goma a una situación económica límite.