¡Cuán diferentes somos los hombres y cuán diferentes también los países que habitamos! Frente a ese cansino discurso de la igualdad accidental –en lo sustancial, dignidad y derechos humanos, sí que somos intrínsecamente iguales, aunque sobran ministros para asegurarlo–, el mundo está realmente constituido por países, con sistemas políticos diferentes, modos de vida distintos y diferencias aún mayores en derechos y libertades.
Por eso me pregunto: ¿acaso todos los pueblos son conscientes de sus derechos y libertades? ¿Están informados de lo que sus Gobiernos les dan o les quitan? Más aún, ¿conocen el escenario real –político, económico y social– en que viven?
¿Cuántos de esos países reciben información puntual y suficiente de cuanto subyace a las decisiones de sus Gobiernos? Cualquier ingenuo respondería que en las democracias esta pregunta tiene garantizada una respuesta afirmativa.
Los que hace tiempo perdimos la ingenuidad, consecuencia de lo vivido, diríamos que no sean tan prontamente generosos. Dejemos a un lado las dictaduras de derechas, pero quizá más las de izquierdas –simplemente, son más duraderas–, en las que el dictador, persona o partido sólo piensa en el pueblo para explotarle, sin preocupación por sus objetivos y aspiraciones políticas. Como sofistas, pueden suscribir hoy la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando no piensan cumplirla mañana.
Otros, a los que se supone sí les importan el pueblo y su opinión, no dudan en mentir, en encubrir las realidades y, en definitiva, mantener engañada a toda la población. Son Gobiernos que, ufanos por el supuesto poder de los votos, sienten y viven una gran cobardía, esperando que nadie la descubra.
Son estos países en los que, junto a la mentira, de que hacen víctima a la sociedad, suele darse también un desprecio a aquellas instituciones garantes de la verdad; una información veraz a que la sociedad tiene pleno derecho.
España, por tenerlo cerca, está pendiente, entre otros asuntos, de los famosos fondos europeos para la recuperación –una especie de maná como el descrito en el Antiguo Testamento–. ¿Qué criterios operarán para su reparto? Se habla mucho, pero nada sabemos. ¿Opacidad para la arbitrariedad? Quién sabe…
Si existe un plan, ¿por qué no someterlo a la Intervención General del Estado? Ésta es un órgano para garantizar la viabilidad de cualquier plan y el cumplimiento jurídico y económico de sus objetivos.
¿Por qué se nos ocultaron los términos del dictamen del Consejo de Estado? Hablamos del máximo órgano consultivo del Estado. Más todavía, cuando su contenido no es vinculante; es decir, el Gobierno hubiera podido darlo a conocer manifestando seguidamente que no estaba obligado a hacerle caso. Todo antes que ocultar, que mentir.
Una conclusión personal: para la verdad se requiere valentía y honestidad de criterio, atributos de los que carece el Gobierno del presidente Sánchez. Y, cuidado, estamos hablando de 140.000 millones de euros, si mi información es correcta, además, de esos 11.000 millones, que nadie sabía de ellos.
¿Es esto respetar los derechos del pueblo?