La simpatía que Pablo Iglesias y Podemos le profesan a los okupas, no es ninguna novedad. Sí lo es, que el todavía vicepresidente segundo haya utilizado su Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para apoyar las prácticas de estos enemigos de la propiedad privada.
Con cargo al dinero del contribuyente, Iglesias adjudicó el pasado mes de julio un contrato menor por la friolera de 16.897,4 euros para la "elaboración de la metodología, coordinación y dinamización del Foro con los movimientos sociales para la estrategia de desarrollo sostenible 2020-2030". La profesora de la Universidad Complutense Esther Carrasco Díaz fue la afortunada que se encargó de esta ardua tarea, que consistió, simplemente, en la elaboración de un informe de 83 páginas, según publica ABC y, anteriormente, Okdiario.
Al tratarse de un "contrato menor", de menos de 18.000 euros, la adjudicación se realizó sin concurso y casi sin publicidad ni controles. Toda una suerte para Esther.
En julio de 2020, en mitad de la primera oleada del coronavirus, que estaba arrasando con las vidas de tantos y tantos españoles, Iglesias decidió que era el mejor momento para realizar este gasto. En lugar de comprar suministros sanitarios o ayudar a esos dependientes que tanto se jactaba de proteger, el líder de Podemos prefirió elaborar la "metodología, coordinación y dinamización del Foro con los movimientos sociales para la estrategia de desarrollo sostenible 2020-2030".
Pero eso no es todo. Lo escandaloso del asunto no es sólo que Iglesias estuviera ignorando la pandemia con la financiación de trabajos académicos poco prioritarios, es que el texto promovido desde la Subdirección General de la Oficina Presupuestaria y de la Gestión Económica del Ministerio de Iglesias es toda una oda a la ocupación.
El documento, al que ha accedido Libre Mercado, recoge en varias de sus páginas apoyo directo -y textual- a la okupación, critica la lucha contra estos delincuentes y pide no perseguirles. Algunos de sus extractos:
- Piden dar la "batalla cultural" como "respuesta a la batalla preventiva contra la okupación del verano pasado.
- Piden eliminar las "políticas represivas" o "si no me dan, que no me quiten lo que tengo". Exigen "no penalizar ni perseguir las alternativas de recuperación de vivienda/okupación ante la imposibilidad de acceso a la vivienda".
- "Mientras la administración no garantice el derecho a la vivienda", solicitan "apoyar y no penalizar ni perseguir las alternativas que encuentra la población, como la recuperación/okupación y/o autoproducción de vivienda. Paralización de todos los desahucios y desalojos sin alternativas habitacionales dignas".