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EDITORIAL

Impuesto de Sucesiones: un desafuero que hay que erradicar

Por desgracia, la izquierda y los separatistas seguirán cebando su voracidad fiscal y hozando en la demagogia para excitar la envidia, la más antisocial de las pasiones.

La presión fiscal en España tiene un cariz confiscatorio –en 2020, los españoles trabajaron  178 jornadas para cumplir con sus obligaciones con Hacienda–, y pocas figuras tributarias son tan injustas y antisociales como las que gravan las sucesiones, las donaciones y el patrimonio. Dichos tributos, además de penalizar algo tan valioso para el progreso y la prosperidad de las naciones como el ahorro, vulneran un principio jurídico de carácter general –non bis in idem–, que proscribe castigar –en este caso, gravar– dos veces un mismo hecho. Como han recordado este martes los representantes de Vox en el Congreso , los españoles ya pagan al Estado el IRPF, el IVA, impuestos especiales o las plusvalías de una vivienda, así que no deberían hacerlo por conservar, donar o transmitir en herencia aquello que les queda.

Bienvenida sea, pues, la proposición no de ley para eliminar el Impuesto de Sucesiones que Vox ha registrado este martes en el Congreso –acompañada con un millón de firmas de la Federación Nacional Contra el Impuesto de Sucesiones–, que ha sido respaldada por PP y Cs.

Tiempo habrá para analizar con más detalle esta propuesta que debería ampliarse y abarcar el Impuesto de Donaciones y el de Patrimonio. Con todo, ciñéndonos a las transmisiones mortis causa, es una vergüenza que un joven de 30 años que herede de sus padres un patrimonio de 800.000 euros tenga que pagar más de 63.000 en Valencia, más de 81.000 en Castilla y León y más de 103.000 en Asturias, las tres comunidades que más se ensañan. Aunque es cierto que en comunidades gobernadas por el PP con el acuerdo de Vox este impuesto, cedido a las autonomías, está bonificado casi al 100%, no deja de estar recurrentemente amenazado por el Gobierno central con un plan de “armonización fiscal” que, con la falaz excusa de luchar contra el “dumping fiscal”, pretende acabar con estos oasis.

Es escandaloso que formaciones de izquierda que se proclaman autonomistas y los separatistas traten de erradicar este pequeño margen de autonomía fiscal en beneficio del contribuyente. Su ilimitada voracidad fiscal queda también de manifiesto con su oposición a esta armonización fiscal propuesta por Vox, no para que este injusto impuesto se aplique por igual en todas las CCAA, sino para que no lo soporte ninguna.

No menos falaz es el argumento que aduce que solo afecta a los millonarios, lo cual desmienten los ejemplos prácticos ya señalados, los miles de personas que renuncian a sus herencia por no poder pagar o el millón de firmas con que Vox ha respaldado su propuesta. Eso, por no hablar de los sondeos que muestran el amplio rechazo ciudadano a este tipo de impuestos.

En cualquier caso, con independencia de la cantidad de ciudadanos que se puedan ver afectados, este impuesto, como el de Donaciones o el de Patrimonio, debe ser erradicado por razones de justicia. Y es que una injusticia no deja de serlo por que sean pocas las personas que la padezcan. Por desgracia, la izquierda y los separatistas seguirán cebando su voracidad fiscal y hozando en la demagogia para excitar la envidia, la más antisocial de las pasiones, como bien dijo Stuart Mill.

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