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Calviño promete "lo que sea necesario" para rescatar empresas mientras ignora a 2 millones de pymes

Cepyme se queja de que las medidas del Gobierno dejan fuera a 2 millones de empresas. En Madrid excluye a 6 de cada 10 pymes.

Cepyme se queja de que las medidas del Gobierno dejan fuera a 2 millones de empresas. En Madrid excluye a 6 de cada 10 pymes.
Nadia Calviño, en la tribuna de oradores del Congreso | Europa Press

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha querido lanzar el mensaje de que el Gobierno va a dotar de liquidez a todas las empresas que lo necesiten en este contexto de grave crisis económica que ha provocado la gestión de la pandemia del coronavirus.

Emulando a Mario Draghi, cuando el 26 de julio de 2012 afirmó que "el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente" para tratar de evitar la ruptura de la moneda única, Nadia Calviño proclamaba este jueves en el Congreso de los diputados que el Gobierno dará cobertura durante todo el año a la batería de medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a las empresas a afrontar la crisis. Incluía Calviño también los ERTE entre estas medidas y aseguraba que "se extenderá todo lo que sea necesario".

En primer lugar se refería al fondo de 11.000 millones de euros en apoyo a las empresas, de los cuales prometen 7.000 en ayudas directas. Además, enumeraba diez medidas que "estarán disponibles en 2021" y posteriormente "se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando el tejido productivo".

Por otro lado ha insistido en los ERTE y los avales del ICO, con su ampliación de plazos de carencia y devolución, la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos, las moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones sin intereses y la moratoria para la devolución de créditos hipotecarios y no hipotecarios. A estas medidas Calviño ha sumado el fondo de ayudas directas contenido en el decreto ley que se somete este jueves a su votación de convalidación en el Congreso, el fondo de reestructuración de deuda financiera contenido también en el mismo y los fondos de solvencia gestionados por la SEPI y Cofides.

En total, Calviño ha cuantificado en 29.000 millones de euros el coste de recursos públicos en medidas de apoyo a las empresas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia en todo este año, representando un 2% del PIB.

A todo ello se le sumará la reforma de la normativa concursal, cuya trasposición de la directiva europea de reestructuración y solvencia el Gobierno está acelerando, con el fin de orientar estas normas "a la viabilidad de las empresas mediante la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas".

La misma que al poco de decretarse el cierre forzoso de negocios y el encierro domiciliario prometió que cuando se levantaran las restricciones viviríamos una fuerte recuperación "en forma de 'V'" reconoce ahora, un año después "una clara ralentización de la actividad" en el inicio de este año. "Es fundamental que en estas semanas complicadas que nos quedan por delante no bajemos la guardia", decía aludiendo a que la economía seguirá resintiéndose merced a las nuevas restricciones para contener las olas de la pandemia.

Ya no habla tanto de rebotes o brotes verdes, como de "señales mixtas", expresión que ha utilizado para dar algo de optimismo a la situación que atravesamos, y afirma que los indicadores de actividad diarios "ofrecen señales mixtas", lo que considera "coherente con la situación de limitación de actividad que persiste en algunas comunidades autónomas", dentro de "un momento de mucha incertidumbre".

Los reproches del tejido empresarial

Aunque el anuncio hecho por Calviño es positivo en tanto en cuanto aporta certidumbre a los agentes económicos y entierra la precariedad de medidas con fecha de caducidad que había que ir prolongando con los problemas que esto ha supuesto, por ejemplo, en los retrasos del cobro de los famosos ERTE, son muchas las empresas para las que esta medida llega tarde. Otras muchas, las que no tendrán acceso a ellas.

Durante el primer año de la pandemia han desaparecido en España alrededor de 100.000 empresas. Compañías que no tuvieron ayudas directas y a quienes el Gobierno condenó a la desaparición con su gestión de la pandemia.

Además, la patronal Cepyme ha denunciado que dos millones de pymes no podrán acceder al programa de ayudas directas por no estar incluidas en las lista de actividades recogidas independientemente de las pérdidas que hayan sufrido en la pandemia.

En un comunicado, Cepyme explica que, según el análisis que ha realizado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el requisito de pertenencia a una serie de ramas de actividad concreta limita el acceso a las ayudas a un 47% de las empresas, 1,5 millones de las más de 3,4 millones de empresas registradas.

Así, añaden el 53 % de las pymes, unos dos millones, se quedarían fuera de las ayudas directas del Gobierno por no estar incluidas en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) establecidas en el Real Decreto.

¿Cuál es la comunidad autónoma más perjudicada? Madrid: los requisitos sectoriales dejarían sin ayudas al 59% de las empresas madrileña seguidas de Cataluña y Navarra, donde se excluiría al 56% de las empresas por este motivo.

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