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Las Cortes aprueban la catalanización del acceso a la función pública en Valencia

La nueva Ley de Función Pública aprobada en las cortes valencianas excluyen del acceso a la administración autonómica a los que no hablen catalán.

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La nueva Ley de Función Pública aprobada en las cortes valencianas excluyen del acceso a la administración autonómica a los que no hablen catalán.
Cortes valencianas | EFE

El pleno de las cortes valencianas ha dado luz verde a la ley de Función Pública con los votos del tripartito separatista, PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos y con todos los votos en contra de la oposición. La votación se produjo después de un debate muy bronco en el que se llegó al insulto, todo por un motivo fundamental: la nueva discrimina a los que no hablen catalán del acceso a la función pública.

Pese al rechazo del PP a la totalidad de la ley, la formación ha votado a favor o se ha abstenido en algunos de los artículos y algunas disposiciones de la normativa, que ha requerido más de una decena de votaciones para salir adelante.

Este miércoles el requisito lingüístico fue el gran protagonista en el parlamento, en el que se oyeron gritos, insultos y descalificaciones. Un diputado de Cs reprochó a los partidos de Gobierno que quisieran "matarles socialmente".

La consejera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, encargada de defender la nueva norma, ha destacado que la Ley de la Función Pública valenciana "no es una ley sólo para funcionarios y funcionarias", ha recalcado Gabriela Bravo, "sino una norma que va a permitir la transformación de la administración de forma que los servicios públicos estén gestionados por personal capacitado que impulse la recuperación económica". Una regulación, además, que permite mayor flexibilidad en los procesos de selección de personal "y que atraerá al talento joven". Lo cierto es que esta nueva ley consagra el cribado lingüístico hurtando el derecho a optar a un puesto en esta administración a cualquiera que no domine el catalán.

No podía faltar en esta ley la "perspectiva de género". Eso sí, sólo de las mujeres catalanohablantes. Es más, Bravo sacaba pecho de su veto lingüístico al español: "Acabamos con la anomalía" que suponía que la Valenciana "fuera la única comunidad bilingüe que no tenía regulada la exigencia de capacitación lingüística" de sus plantillas públicas. "Por primera vez en 40 años, los valencianos y valencianas podrán dirigirse a la Administración en la lengua que deseen y nos equiparamos al resto de España", decía.

El debate comenzó a subir de tono cuando la oposición protestó porque la diputada de Unidas Podemos, Estefanía Blanes, se refirió a la "lengua catalana que hablamos los valencianos" y le han pedido que retirara esta referencia.

"La ignorancia es tan atrevida", aseveró Blanes entre gritos de diputados del PP, Cs y Vox, que hicieron referencia al Estatuto de Autonomía. El president de Les Corts, Enric Morera, intervino para pedir "un poco de educación" a la síndica del PP, Isabel Bonig, y le espetó que la diputada de UP "ha leído la definición de la Real Academia Española de la Lengua, vea usted qué barbaridad", al tiempo que defendió que en la cámara "se respeta la libertad de expresión".

El tono continuó elevado durante la réplica de José María Llanos (Vox), quien se preguntó "dónde ha quedado el estatuto de autonomía en esta cámara" y acusó al Gobierno de "querer subyugar a los valencianos a unos inexistentes Països Catalans" que "es un compromiso de Vox que nunca existirán".

También hubo cruce de declaraciones entre Nathalie Torres (Compromís) y Vicente Fernández (Ciudadanos). La diputada de la coalición acusó a Fernández de "cosmopaletismo" y se preguntó "qué diferencia hay entre su discurso radical o el de Vox". Fernández replicó: "Hay medio millón de valencianos que me voten a mí o voten a otro, no quieren su hoja de ruta de odio". "Lo que me pase a mí en dos años me importa bien poco, mientras esté aquí daré voz a las personas que me han votado", ha aseverado.

El diputado de Cs criticó el "papelón" del PSPV con sus socios y también lanzó descalificaciones a diputados del Botànic a quienes llamó "pandilla de basura" y "atajo de sinvergüenzas". "Ustedes lo que quieren es matarnos", les manifestó, algo que Morera propuso retirar del acta. Fernández defendió que se refería a "matar socialmente y arrinconar".

Por parte del PP, José Antonio Rovira espetó al Gobierno: "Ya estoy harto, seis años y no habéis hecho nada. Habéis multiplicado los interinos y los queréis echar a la puta calle". Mientras, Rosa Peris (PSPV), le afeó el "enchufismo" del PP, que fue el "cáncer de la administración pública". Además, les reprochó que "no tienen proyecto" y que están "en caída libre", pero "la que más" es su líder, Isabel Bonig, a la que "algunos le están cortando los cables del paracaídas", dijo.

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