22 de diciembre de 2020. El Gobierno aprobaba un decreto ley para prohibir los desahucios de viviendas en España durante el estado de alarma. Lo hacía después de varias semanas de desavenencias entre PSOE y Podemos y con la implantación de una medida compensatoria para "cubrir el perjuicio ocasionado" a los dueños de los pisos. Así es cómo el Ejecutivo iba a intentar contentar a los caseros que fueran víctimas de la morosidad de unos inquilinos intocables a los que ya no iban a poder echar.
Entre los propietarios de los inmuebles reinaba la incertidumbre y la inquietud. ¿Cómo les iban a pagar esa compensación?, ¿cuándo?, ¿qué proceso deberían seguir para solicitarla? Las asociaciones de propietarios o las compañías de protección de alquileres cargaban en tromba contra su puesta en marcha. Algunas de sus críticas coincidían en señalar a la prohibición de los desahucios como una "expropiación" de facto a las viviendas por parte del Estado. De hecho, esa compensación con cargo al erario público parecía inspirada en los famosos "justiprecios". El texto del BOE especificaba lo siguiente:
— El Gobierno aprobará un Real Decreto para definir las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para hacer frente a las compensaciones.
—Los arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria (…) tendrán derecho a solicitar una compensación (…) cuando la administración competente, en los tres meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales señalando las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad acreditada facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna, no hubiera adoptado tales medidas.
— La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda u otras referencias (…) por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma.
— La solicitud de compensación podrá presentarse hasta un mes después de la vigencia del estado de alarma, debiendo formular el arrendador una exposición razonada y justificada de la compensación que considere procedente sobre la base de los criterios indicados anteriormente.
— En el plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, el Gobierno aprobará por real decreto las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a fin de hacer frente a las compensaciones
Casi 4 meses después...
Así, el Gobierno se comprometió a que el perjuicio del propietario por los impagos de sus inquilinos fuera compensado con dinero público y a redactar otro Real Decreto "en el plazo máximo de un mes" con los detalles para llevarlo a cabo. Han pasado casi 4 meses de su aprobación y falta menos de un mes para que decaiga el estado de alarma, pero nada se sabe de su puesta en marcha.
Para el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, "el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha dejado tirados a los propietarios de los inmuebles con inquilinos morosos al haberse superado ya casi en más de tres meses, el plazo que recogía su propio Real Decreto Ley por el que se debían habilitar estas ayudas". Pérez insiste en que "están dejando que discurran los plazos deliberadamente para que sea imposible que los arrendatarios accedan a las ayudas". Al actuar así, "se prima a los inquilinos, la inseguridad jurídica, la morosidad y la okupación", añade. En este sentido no hay que olvidar que el pasado mes de enero, el Gobierno cambió la normativa para dar manga ancha a la okupación de viviendas durante la pandemia.
Sin embargo, en el ministerio que dirige José Luis Ábalos, responsable de esta ley, no tienen la misma opinión: "Todavía hay margen", señalan fuentes del ministerio a Libre Mercado. "El sistema para las compensaciones se pondrá en marcha en un real decreto, que se está ultimando y que irá pronto al Consejo de Ministros. Se está trabajando en ello", aseguran.
El infierno de Chantal
Pero mientras Ábalos "trabaja en ello", casos como el de Chantal Santiago se repiten a lo largo y ancho de toda España, poniendo en evidencia lo desprotegidos que se han quedado los propietarios ante los inquilinos morosos. Fue el pasado mes de julio cuando la persona a la que esta mujer le había alquilado su chalet en Lérida le dejó de pagar. Desde entonces, la vida de Chantal se ha convertido en un infierno.
La deuda de su inquilino ya supera los 10.000 euros. "Nos ha dicho que no piensa pagar porque no le da la gana", cuenta a este periódico compungida la afectada. "La gente tiene en la cabeza que no se puede desahuciar en la pandemia y se aprovechan", asegura. Bien es cierto que lo que paralizó el Gobierno fueron los desahucios de personas "vulnerables", aunque el concepto "vulnerable" está cargado de ambigüedad y en algunos casos, como este, genera efectos perversos. "Mi inquilino tiene dinero, pero cobra en negro para no pagarme. No me paga porque no quiere. No es vulnerable, vive en un chalet con piscina privada por la cara", asegura la afectada, que ha pedido su desahucio, "pero el juicio no se va a celebrar hasta después del verano. Eso es el desahucio exprés".
Las facturas se le acumulan a esta propietaria, que vive con su familia también de alquiler en Córdoba por cuestiones laborales. Justo antes de la pandemia tuvo que cerrar la empresa de reciclaje de cartuchos de tinta que regentaba con su marido y su casa era lo único que tenían para responder a este infortunio. Pero no podían volver, su alquilado les había secuestrado el inmueble.
"No podíamos volver a nuestra casa y teníamos que seguir pagando un alquiler y una hipoteca. Ahora, me van a quitar la casa porque con la renta que nos pagaba el inquilino, costeábamos la hipoteca. Al no estar empadronada en nuestra casa, los bancos no me han concedido la moratoria hipotecaria por el coronavirus. Es demencial", relata.
"Yo también he tenido problemas para pagar el alquiler, pero en ningún momento se me ocurrió dejar de pagar a mi casero. Lo hablamos con él, lo entendió y nos redujo la cuota hace unos meses. Mi inquilino en ningún momento me ha dicho que le rebaje nada. Ha dejado de pagar y punto", asegura. Chantal denuncia que "nos vamos a quedar sin nada" por este inquilino moroso.
Debido a su situación límite ha tenido que acudir "a los servicios sociales y el Ayuntamiento de Córdoba nos está pagando la luz y el agua. La vulnerable soy yo". Por suerte, su marido ya ha encontrado trabajo, pero su salario no es suficiente para recuperarse de los números rojos a los que les ha llevado su inquilino. Se pregunta dónde está la compensación de Ábalos. A ella sí le corre prisa.