Varapalo judicial de las CCAA a Hacienda. El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por la Junta de Castilla y León y ha obligado al Estado a pagar a esa comunidad los 182 millones de euros que se le adeudan de la liquidación del IVA del 2017, con 120,5 de forma directa y 61,5 más del nuevo cálculo de la variación de los ingresos tributarios del Estado.
Según ha explicado la Consejería de la Presidencia de la Junta este martes en un comunicado, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León ha recibido la notificación de esa sentencia del Supremo, de fecha 19 de abril de 2021, "la primera dictada en España al respecto".
La Junta ha incidido en que esa resolución judicial "puede abrir la vía a los recursos de las demás Comunidades Autónomas en idéntica situación, lo que supondrá para el Estado analizar el pago de hasta 4.150 millones". Galicia, Andalucía, Murcia o la Comunidad de Madrid llevan más de un año reclamando a Montero la liquidación del IVA de 2017 y esta se ha negado a reembolsarlo porque "correspondía en el 2019 la reparación".
En 2017 hubo un cambio contable en la recaudación del IVA a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII), que es el sistema electrónico de gestión del IVA de la Agencia Tributaria, y entonces, sólo se contabilizaron 11 meses de IVA. Esto generó, un impago en 2019, cuando se liquidó el ejercicio 2017.
Otras autonomías, como la Comunidad de Madrid, han vuelto a pedir el reembolso. El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha pedido a la ministra que "deje ya de esconderse y que liquide con la Comunidad de Madrid la deuda que tiene de 377 millones de euros".
La decisión judicial
Con este fallo el Tribunal Supremo "reconoce" la "importancia" de la prueba aportada por los Servicios Jurídicos en el recurso. Así, como se destaca desde el Ejecutivo regional, la Junta "ha intentado llegar a una solución consensuada previa a la judicial, y ha realizado en los últimos dos años numerosos intentos para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación correspondientes al IVA".
Al respecto, reconoce el Tribunal Supremo que "con la interposición del presente recurso, la recurrente no pretende la revisión de la liquidación practicada con fecha 30 de julio de 2019, sino, únicamente, que se compense el desfase financiero provocado por el Real Decreto 596/2016".
Los servicios jurídicos de la Junta alegaron la pérdida de ingresos que supuso no contar con esa cantidad por un cambio en el modelo de liquidación, "una pérdida efectiva de cantidades necesarias para su adecuada y correcta financiación" que había "vulnerado su autonomía financiera".
Y en ese sentido, recoge la resolución judicial que "debe afirmarse que el desequilibrio derivado de la aplicación de la metodología instaurada por el Real decreto 596/2016, de 2 de diciembre, determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma".
La Junta también alegó que "los ciudadanos habían ingresado el IVA correspondiente durante ese mes, y sin embargo el Estado se había quedado con toda la recaudación sin repartir la parte correspondiente a las Comunidades Autónomas, lo que lógicamente conllevaba un enriquecimiento injusto del Estado". La batalla autonómica por el IVA se vuelve a abrir.