La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer peajes en todas la autovías de España ha desatado una oleada de críticas. Fue justo un día después de las elecciones madrileñas, cuando el Ejecutivo desveló todos los detalles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que había enviado a Bruselas una semana antes. Y en ese extenso documento prometían a Europa una tromba de impuestos para los próximos años.
Sucesiones, Patrimonio, Sociedades, los billetes de avión… la lista del futuro sablazo es muy larga, pero si hay un colectivo perjudicado por este aumento de la asfixia fiscal ese va a ser el de los conductores.
Así, uno de los grandes golpes a los propietarios de los vehículos va a ser el cobro por circular por autovía en 2024. Contemplan "la posible articulación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras estatales que podría implantarse a partir del año 2024, buscando un acuerdo social y político, lo que supone avanzar hacia la internalización de los costes externos del transporte bajo el principio del cobro al usuario pagador y también del principio de quien contamina paga", reza el texto remitido a Bruselas.
Los impuestos que pagan los conductores
Pero el argumento del pago por uso sería un espléndido razonamiento si los conductores no pagaran ya todo tipo de impuestos por usar sus vehículos. De lo contrario, podrían estar incurriendo en una doble imposición. Y es que, el monto que se embolsa Hacienda todos los años gracias al bolsillos de los conductores no es nada desdeñable. Por ejemplo, en 2019, la recaudación del Estado por los automóviles ascendió a la friolera de 30.888 millones de euros, según los últimos cálculos de la patronal de fabricantes de automóviles Anfac.
Por tanto, si tenemos en cuenta que el parque de vehículos de España supera los 29 millones (25 millones son turismos), estaríamos hablando de que cada conductor paga una media de 1.000 euros al año en impuestos.
IVA, Circulación...
De estos 30.000 millones de euros de recaudación, 21.513 millones provienen del gravamen de los carburantes (IVA e Impuestos Especiales). Para superar esta cifra, el Gobierno también ha prometido a Bruselas que incrementará los impuestos al diésel en el cuarto trimestre de 2022, porque "los tipos impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos son más elevados para la gasolina que para el gasóleo".
También hay que tener en cuenta los 5.493 millones de euros que ingresaron las arcas del Estado gracias a todos los conductores que se compraron un coche nuevo (4.877 millones de IVA y 616 millones del Impuesto de Matriculación) en 2019. En este punto, al Gobierno de Pedro Sánchez tampoco le parece suficiente y piensa elevar el Impuesto de Matriculación en el primer trimestre de 2022. Lo mismo ocurrirá con los 2.925 millones que se embolsa Hacienda por el Impuesto de Circulación. También subirá este tributo en 2022. En la siguiente tabla están desglosadas todas las partidas fiscales que pagan los conductores.
¿Cobrar por todas las carreteras?
Para el Gobierno, estas suculentas cifras de recaudación no son suficientes y abre la puerta ante Europa a cobrar peajes por circular en el resto de carreteras del país. "Se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías. Esta reforma introduce en España los principios el que contamina paga y el que usa paga. Así, se dota al sistema de un mecanismo para garantizar su sostenibilidad financiera en materia de costes de conservación y mantenimiento de las infraestructuras viarias, y se introducen incentivos a los vehículos más sostenibles y eficientes. De acuerdo con la experiencia internacional, de 2 a 3 años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso a nivel nacional", explican.
A pesar de que Hacienda se embolsa al año 30.000 millones de euros de los conductores y de que el déficit de mantenimiento de las carreteras está calculado en 8.000 millones, el Ejecutivo socialista asegura que le faltan fondos. "Con una red estatal que supera los 26.466 km de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios. Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, así como con el consiguiente deterioro de la calidad del servicio y consecuencias en la seguridad vial", sigue insistiendo ante Bruselas.
"La imposición de un pago por uso permitiría garantizar la conservación de la red viaria, además de a generar incentivos hacia la mayor eficiencia en este modo de transporte, lo que a su vez redunda en una minoración de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de los vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, se impulsarán las condiciones normativas necesarias para que el coste de esta medida sea asumido por los cargadores. De esta manera, se incentiva la búsqueda de la máxima sostenibilidad y eficiencia en el transporte", añaden, sin dar más detalles sobre cómo orquestarán los nuevos peajes.