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La OCDE niega haber acusado a Madrid de ser un "paraíso fiscal"

El estudio que citó para cuestionar la fiscalidad madrileña fue elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona y está plagado de errores.

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El estudio que citó para cuestionar la fiscalidad madrileña fue elaborado por el Instituto de Economía de Barcelona y está plagado de errores.
Ángel Gurría, cabeza visible de la OCDE | Cordon Press

"La OCDE acusa a Madrid de ser un paraíso fiscal", titulaban ayer algunos medios de comunicación tras conocer un polémico estudio en el que la organización con sede en París recomienda endurecer la fiscalidad sobre las herencias y el patrimonio con argumentos más que discutibles.

Sin embargo, lo cierto es que la OCDE no hace esta afirmación en su estudio, sino que simplemente menciona un estudio crítico con la política madrileña de impuestos bajos en el que los economistas David Agrawal, Dirk Foremny y Clara Martínez-Toledano tildan a Madrid de "paraíso fiscal interno".

Preguntada por esta cuestión, la principal autora del informe, Sarah Perrett, quiso aclarar la polémica y explicó que el documento de la OCDE "solo cita un estudio que discute el tema o las diferencias regionales, sin que esto refleje ninguna opinión por parte de la OCDE de que Madrid sea un paraíso fiscal".

De modo que el titular que pretendía exprimir la izquierda política y mediática ha sido desmentido por la propia autora del informe que, en cualquier caso, está siendo empleado para relanzar la campaña contra el modelo liberal madrileño.

¿Qué dice el informe citado por la OCDE?

¿Y qué dice el estudio Agrawal, Foremny y Martínez-Tonelado? Se trata de un documento elaborado por el Institut d’Economia de Barcelona (IEB) que salió a la luz en 2020 y que está lleno de errores:

  • Los autores afirman que Madrid ha "captado" alrededor de 6.000 contribuyentes con un volumen de riqueza susceptible de ser gravado por el Impuesto sobre el Patrimonio. Para llegar a esta conclusión plantean distintas simulaciones matemáticas que mezclan datos de diferentes periodos y que presuponen que un nivel de renta superior a los 300.000 euros implica necesariamente ser un contribuyente sujeto al pago de Patrimonio. Sin embargo, cuando se contrastan los datos del IEB con las cifras reales vemos que la base imponible de Patrimonio en Madrid solo creció en 1.270 declarantes, un 80% menos de lo que estima el informe.
  • Además, el aumento de declarantes no significa que todos ellos sean nuevos residentes que llegan de otras regiones, puesto que muchos de ellos son personas residentes en Madrid que, a raíz de la recuperación económica, vieron aumentar su riqueza.
  • El IEB ignora también que el total de declarantes con cuota íntegra (que serían los beneficiaros de la bonificación del 100% aplicada en Madrid) aumentó en toda España durante el periodo analizado por los autores del informe (de 121.582 a 179.297). Lo hizo también en regiones como Cataluña (de 42.364 a 70.830) y Comunidad Valenciana (de 3.921 a 18.511), a pesar de que este tributo es mucho más gravoso en estos territorios. De modo que la fiscalidad no es el único factor explicativo del fenómeno del aumento de la riqueza.
  • Agrawal, Foremny y Martínez-Tonelado ignoran que los cambios de residencia fiscal deben ir acompañados de un cambio de domicilio real puesto que, de lo contrario, los procedimientos de inspección de Hacienda proceden a perseguir y sancionar tales conductas, como ha ocurrido con cientos de contribuyentes que han intentado engañar al fisco. De modo que, en realidad, el grueso de los posibles traslados observados se produce en el marco de la legalidad y ligado a procesos de migración interna propios de cualquier democracia que permite la libre movilidad de sus ciudadanos.

Lo más importante de todo es que, incluso si damos por buenos los datos que presenta el informe del IEB, la recaudación de las demás regiones aumentaría de forma nimia (un 2,5% en el IRPF y un 5% en Patrimonio). Por el contrario, lo que no explican los autores es que Madrid aporta miles de millones de euros a las demás regiones, al ser la principal aportadora neta del sistema de financiación autonómica (que recibe de Madrid fondos con un valor cercano al 10% de su PIB), de modo que el saldo es claramente positivo para los demás territorios.

Las sombras del estudio de la OCDE

El informe de la OCDE ha sido financiado por el Instituto Coreano de Finanzas Públicas. Da la casualidad de que Corea es el país de la OCDE con mayor recaudación por Impuesto de Sucesiones y Donaciones (1,6% de la recaudación total, con el segundo tipo más alto del mundo). De modo que podríamos estar ante una estrategia del gobierno surcoreano de forzar una revisión al alza de la fiscalidad de otros países para reducir así su brecha en materia de competitividad fiscal.

Otro aspecto sospechoso del trabajo presentado por la OCDE se refiere a las numerosas menciones a Thomas Piketty. El economista galo, innegablemente influyente en las filas de la izquierda más radical, también ha sido muy cuestionado por sus errores metodológicos y por sus propuestas fiscales extremas. De modo que la pretendida solvencia técnica del estudio de la OCDE queda más que en entredicho cuando cuestionamos la inspiración ideológica del trabajo.

Por otro lado, lo cierto es que dentro de la OCDE hay una decena de países que han abolido el gravamen de Sucesiones y Donaciones. Austria, Eslovaquia, Noruega, República Checa y Suecia lo han eliminado en las dos últimas décadas, mientras que Australia, Canadá, Israel, México o Nueva Zelanda lo abolieron con anterioridad. A esto hay que sumarle el minúsculo peso que tiene este gravamen en países como Chile, Grecia, Italia o Turquía (menos del 0,2% de la recaudación). E, incluso si aceptamos que toca elevar la fiscalidad de las herencias, España ya se sitúa entre los países que más recauda por este concepto. Estamos entre los diez países de la OCDE con mayor presión tributaria sobre las herencias, solo por detrás de Suiza, Irlanda, UK, Finlandia, Japón, Francia, Bélgica y Corea.

Los propios autores de la OCDE sostienen que su propuesta de reforzar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones sería particularmente pertinente en aquellos países en los que la imposición efectiva de los ingresos del capital y del patrimonio de las personas físicas sea generalmente bajo. En cambio, en España ocurre todo lo contrario, de modo que su documento no debería tener influencia alguna en la política fiscal de nuestro país.

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