La posición de Europa con respecto a las limitaciones del efectivo ha sido clara desde hace tiempo. Sobre el límite de 10.000 euros, la comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinness señalaba la semana pasada que es "suficientemente alto como para no poner en cuestión el euro como moneda de curso legal ni afectar a la inclusión financiera"; y es "suficientemente bajo como para hacer más difícil que los criminales blanqueen largas sumas de efectivo".
Ya el pasado mes de marzo, el Consejo Económico y Social de la Unión Europea (CESE) aprobó un dictamen sobre Estrategia de Pagos Minoristas en el que aseguraba que "es crucial preservar el acceso al efectivo y garantizar la aceptación del mismo", incidiendo en que el efectivo es de "enorme importancia para la inclusión social y el acceso a los servicios básicos".
También el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) emitió en febrero una sentencia para poner freno a las estrategias de algunos países para imponer el uso de medios de pago privados en detrimento del efectivo. La sentencia señalaba que una normativa nacional no puede excluir la posibilidad de usar billetes denominados en euros, y se amparaba en la estrategia de la Unión Europea de protección de los consumidores más vulnerables.
El límite de los 1.000 euros propuesto por España ha causado ya malestar entre los representantes del comercio español. Las organizaciones del sector (Anged, CEC, Acotex y FECE) manifestaron su preocupación por el impacto que puede tener sobre la actividad comercial y la recuperación económica, especialmente en los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo.
Las mismas organizaciones recordaban en un comunicado que los límites existentes para pagos en efectivo en Francia (1.000 euros) no han logrado reducir la economía sumergida, mientras que países sin límites para el efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
En un dictamen de febrero de 2019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado. El supervisor bancario recordaba que "la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago".