A pesar de que expiran el próximo 31 de mayo, el Consejo de Ministros no aprobará este martes la prórroga de los ERTE por covid. Después de más de un año con este instrumento activo y cuatro prórrogas a sus espaldas, todavía quedan 580.000 personas afectadas por un ERTE en España, que no figuran en las estadísticas como parados.
Ahora, a cambio de ampliar hasta el 30 de septiembre la herramienta laboral más famosa —y polémica— de la pandemia, el Gobierno ha vuelto a poner condiciones a patronal y sindicatos para llegar a un acuerdo.
A efectos prácticos, el Ejecutivo no necesita las bendiciones de los agentes sociales para aprobar ninguna norma, pero como el Gobierno de Pedro Sánchez tiene especial interés en mostrar sus logros en el llamado "diálogo social", sería todo un fracaso no conseguir la foto. Y es que, todas las prórrogas anteriores se han aprobado con el visto bueno de CEOE, UGT o CCOO. Eso sí, hasta el último minuto han sido constantes las tentativas de los protagonistas de hacer estallar estas mesas diálogo, por lo que estos enfrentamientos ya se han convertido en práctica habitual —y sobreactuada— dentro de las negociaciones.
El Gobierno quiere más impuestos
Esta vez, las exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social han vuelto a ser uno de los principales escollos del pacto. Antes de la llegada del coronavirus, si una empresa aprobaba un ERTE, el Estado pagaba parte de su sueldo, pero el empresario tenía que seguir costeando las cotizaciones sociales. Durante los primeros meses de la pandemia, el Gobierno decidió dar un balón de oxígeno a las compañías y eximirles de estos impuestos. De hecho, ésta ha sido una de las escasas rebajas tributarias aprobadas por Sánchez a lo largo de la crisis, aunque sólo duró hasta junio de 2020. Fue entonces, cuando el Ejecutivo empezó a elevar las cotizaciones de los ERTE, y por ende, la carga fiscal de los empresarios.
Ahora, el ministerio que dirige José Luis Escrivá vuelve con el intento de elevar esos impuestos, lo que ha puesto en pie de guerra a la patronal. Así, tanto ayer por la noche como esta mañana, la CEOE ha decidido dar carpetazo a las dos propuestas de Seguridad Social que implicaban más fiscalidad.
"Por unanimidad de los sectores y el Comité Ejecutivo se ha decidido que CEOE no acepta la última propuesta del Gobierno sobre los ERTE, ya que sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores que aún no se pueden incorporar a la actividad. Seguiremos trabajando", aseguraba la patronal esta mañana a los medios. Fuentes de la CEOE confirmaban a este periódico que la propuesta de Escrivá implicaba reducir las exoneraciones (subir los impuestos) a todas las personas que siguieran en ERTE a partir de ahora. Sin embargo, no confirmaban si las personas que salieran del ERTE, y volvieran a sus puestos de trabajo, tendrían mejor trato fiscal.
Actualmente, las exoneraciones para los sectores ultraprotegidos y empresas de su cadena de valor son del 85% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto para empleados reincorporados como para suspendidos.
En los ERTE por impedimento de actividad, las exoneraciones son del 100% para empresas con menos de 50 trabajadores y del 90% para las que tienen más de 50 empleados en plantilla, mientras que en los de limitación las exenciones son decrecientes hasta mayo de 2021. Para empresas de menos de 50 trabajadores, éstas fueron del 100% en febrero, del 90% en marzo y del 85% en abril y serán del 80% en mayo. Para las que tengan más de 50 empleados, estos porcentajes son del 90%, del 80%, del 75% y del 70%, respectivamente. Así, lo establece la última prórroga del BOE del pasado mes de enero.
Todo apunta a que el Gobierno podría esperar al viernes para aprobar en Consejo de Ministros extraordinario la última prórroga de los ERTE. Está por ver todavía quién da su brazo a torcer o si no hay pacto por primera vez.