El Gobierno asesta un duro golpe a los comercios españoles. Por si no estuvieran ya suficientemente dañadas la actividad y las cuentas de estas empresas por la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo de los clientes.
Así lo aprobó ayer martes el Congreso de los Diputados en el marco de la Ley de lucha contra el fraude, que comanda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Para el Ejecutivo, el uso del dinero contante y sonante por parte de los ciudadanos es sospechoso de fraude y debe ser arrinconado: "La utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita comportamientos defraudatorios. Con la limitación del metálico, se facilitará la trazabilidad y la posibilidad del rastreo de las operaciones y se dificultará que se incurra en prácticas fraudulentas", justifica el Gobierno su medida.
Alerta en el sector del comercio
Esta decisión ha escandalizado a los representantes de los sectores afectados, que han acusado al Ejecutivo de llevar a cabo "un ataque directo al medio de pago utilizado mayoritariamente en España". Este miércoles, ANGED (la patronal de El Corte Inglés, Ikea o Carrefour), la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), la patronal del textil ACOTEX y la Confederación Española de Comercio (CEC) han dado una rueda de prensa para alertar de "la barrera innecesaria al consumo" que supone la limitación de los pagos en efectivo a 1.000 euros. "Supone sustituir el dinero en efectivo garantizado por los Estados por otros medios de pago que tienen un elevado coste para ciudadanos y comerciantes, como los ocasionados por las comisiones del pago y la posesión de tarjeta", argumentan.
Para el director general ANGED, Javier Millán-Astray, se trata de "una medida inoportuna que va a incidir negativamente en la recuperación del comercio, uno de los más afectados por la pandemia". Según sus cálculos, este sector ha perdido 60.000 puestos de trabajo por los cierres de entre 90 y más de 200 días que han sufrido algunos negocios debido a las restricciones por el coronavirus. "Lo que necesitamos es favorecer la recuperación del consumo y no medidas como esta, que suponen poner palos en la rueda a la recuperación", ha asegurado Javier Millán-Astray.
Como es muy habitual que el precio de los electrodomésticos supere los 1.000 euros, estamos ante una de las áreas más afectadas por una medida que entrará en vigor en cuanto se ratifique en el Senado y se publique en el BOE. "Son muchos los consumidores que ahorran día a día para comprar en efectivo un producto electrodoméstico. Nadie nos ha conseguido explicar las razones de esta medida. Es una cuestión ideológica", ha asegurado el secretario general FECE, Carlos Moreno-Figueroa, que pide "libertad para que los consumidores puedan pagar" por el medio que consideren oportuno.
Para el representante del comercio textil, el cerco de Hacienda al efectivo es "increíble" e "indignante". Cuando el sector cerró 2020 con una caída de ventas del 40% y 2021 arrancó con "una desastrosa campaña de rebajas por Filomena", no podían enfrentarse a peores noticias. "Hay gente que no quiere pagar con tarjeta de crédito porque no tiene o porque no quiere que fiscalicen sus compras. Si limitas una forma de pago, lo que no va a hacer es incentivar el consumo", explica el presidente ACOTEX, Eduardo Zamáloca.
Clientes, "bajo sospecha"
Así, el sector del comercio señala que, según datos del Banco Central Europeo, el 83% de las operaciones de compra en España son en efectivo, diez puntos más que la media europea. "El dinero en efectivo es un medio de pago emitido y garantizado por los Estados, por eso, no se puede poner bajo sospecha de delito el uso de la moneda en curso legal por parte de los ciudadanos", apuntan.
Inicialmente, el proyecto de ley del Gobierno planteaba reducir el límite a 1.000 euros sólo en el caso de las operaciones entre profesionales y dejar en 2.500 euros los pagos a los particulares, pero ahora, Hacienda ha decidido incluir también en los 1.000 euros a los clientes.
Este límite de 2.500 euros es el vigente desde que en 2012 lo introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, y que también se venía aplicando a los pagos entre profesionales. Según las patronales, sólo "cuatro o cinco países europeos tienen limitaciones al pago con efectivo y todas son de más de 2.500 euros excepto en Francia". Es más, "Italia lo bajó a 1.500 euros y posteriormente rectificó", informan.