A lo largo del año 2020, y a pesar de las restricciones sanitarias que limitaron severamente la movilidad a lo largo y ancho del territorio español, las denuncias por okupación de viviendas crecieron nuevamente. Según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad, el aumento fue del 2,7% con respecto a los datos de 2019.
Lo más llamativo de todo es que el número de denuncias registradas en Cataluña crece con mucha más fuerza y ya supone alrededor de la mitad de los expedientes comunicados por la estadística oficial. Así, en la región gobernada por ERC y JxCAT se produjeron 6.647 denuncias durante el año 2020, lo que supone un 45% del total observado en España.
De las 14.675 denuncias registradas, el segundo mayor dato en términos absolutos es el de Andalucía, donde hubo 2.372 acusaciones vinculadas a este delito. En términos porcentuales, el peso de los expedientes vinculados a la autonomía andaluza asciende al 16% de todas las denuncias registradas en España.
Resulta especialmente llamativo comparar la evolución de Cataluña con la de Madrid. La región gobernada por Díaz Ayuso registró en 2015 un total de 1.630 denuncias por usurpaciones ilegales de vivienda, pero esta cifra se ha reducido desde entonces, hasta situarse en 1.316 en los datos definitivos para el curso 2020. Por lo tanto, en vez de producirse una subida, Madrid ha experimentado una caída del 20% en las denuncias.
En cambio, en el caso de Cataluña, los datos apuntan una tendencia claramente ascendente. Así, mientras que en 2015 se registraban menos de 4.000 denuncias, los datos para 2020 apuntan a un total de 6.647 casos. Por lo tanto, la evolución es claramente negativa, ya que se observa un aumento del 66% en el total de denuncias registradas.
La actitud de las autoridades autonómicas y municipales tiene mucho que ver con esta evolución. En Madrid, la Comunidad puso en marcha el teléfono "112 Okupación" para contribuir a la lucha contra la usurpación ilegal de inmuebles. Además, ha reducido un 65% la okupación de viviendas protegidas con una estrategia de seguridad reforzada. En paralelo, el Ayuntamiento de la capital ha tomado medidas para frenar la expansión de los colectivos okupas que alentó el anterior gobierno de Manuela Carmena. De esta forma, los ataques contra la propiedad privada han tendido a la baja durante los últimos años. En cambio, la Generalidad no solo no ha movido ficha sino que algunos de los miembros del gobierno, sobre todo los vinculados a ERC, cultivan un discurso ambivalente y hasta favorable a tales delitos, al igual que sucede a nivel municipal, en el Ayuntamiento de Barcelona, donde la regidora Ada Colau ha defendido en numerosas ocasiones a las mafias de la okupación.
Comunidad Valenciana también presenta un preocupante cambio a peor, que se acentúa desde 2017. La usurpación no ha parado de crecer y los datos de 2020 señalan que ya se producen 1.297 denuncias, de modo que el sorpasso a Madrid parece garantizado. También Baleares evoluciona muy a peor y, desde 2015 hasta 2020, las okupaciones crecen de 221 hasta 324.