Esta semana, y en mitad de la peor crisis de la historia del sector comercial, el Congreso ha aprobado limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo. La ministra de Hacienda, la descalificable María Jesús Montero, ha logrado sacar adelante en el Hemiciclo uno de sus proyectos más liberticidas y dañinos para los comerciantes. A Montero no le preocupan las terribles consecuencias que acarreará rebajar las compras con dinero contante y sonante desde los 2.500 euros actuales a esa cifra irrisoria. Desprecia profundamente a sus afectados y sus circunstancias. Su único objetivo es no dejar ni un sólo céntimo de los ciudadanos sin fiscalizar.
Los grandes almacenes, las empresas del textil o las de electrodomésticos no dan crédito (nunca peor dicho) ante este rejón letal para su actividad. Cuando llevan perdidos 60.000 empleos por los cierres draconianos dictados por muchas CCAA y todavía están sufriendo una sangría del 40% en sus ventas, no podían encontrarse con noticia más inoportuna y funesta.
Para el Gobierno social-comunsta, el uso del dinero en efectivo es sospechoso de fraude y, por tanto, debe ser sometido a cerco. La izquierda realmente existente va a forzar a quienes menos diversidad de opciones tienen a pagar comisiones o gastos de mantenimiento actualmente innecesarios en cuanto la norma se publique en el BOE. Verdaderamente indignante.
La obsesión de Hacienda por gravar y confiscar la propiedad privada coartará la libertad de los particulares, impidiéndoles utilizar el medio de pago que consideren oportuno en transacciones comerciales de gran importancia e inmiscuyéndose de manera intolerable en su privacidad.
En esta persecución de la riqueza digna de satrapías bolivarianas, el ciudadano quedará a merced de un Gobierno que le pone permanentemente bajo sospecha. Sin embargo, la realidad es que es precisamente del Ministerio de Hacienda del que cabe dudar en su manera de proceder. Que la tramposa Montero haya intentado engañar a la ciudadanía prometiendo hasta la saciedad que no elevará la fiscalidad a la clase media y que luego suba el IVA a los refrescos, las primas a los seguros o mande a Bruselas otra andanada de impuestos al coche o al avión, ¿qué es sino el más vil de los fraudes?
En vez de acogotar a la ciudadanía con medidas cada vez más impropias de una democracia liberal, lo que debería hacer el Gobierno es ponerse coto a sí mismo en punto a nombramientos discrecionales, rescates infames de aerolíneas chavistas, despilfarro de recursos y endeudamiento, que ya está por encima del 125% del PIB.