La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta para dotar de mayor transparencia a las ofertas laborales. Por ello, la normativa que se está estudiando plantea obligar a las compañías a informar del salario exacto antes de proceder a la entrevista de trabajo. De igual manera, se quiere dotar a los empleados de las empresas del derecho a solicitar la información sobre los salarios que se abonan en cada empresa desglosado por sexos y categoría. Estas medidas, impulsadas por Úrsula Von der Leyen, quieren garantizar que los empleados de la Unión Europea cuenten con más transparencia.
Aunque por el momento la normativa está en fase embrionaria, el objetivo es profundizar en materia de transparencia laboral para observar la famosa brecha salarial por empresas y para que los trabajadores tengan más información. Además, los empleadores no podrán pedir a los candidatos a las vacantes ofertadas los sueldos que cobraban anteriormente. En este sentido, la ley también quiere habilitar que las personas que hayan sufrido discriminación retributiva puedan solicitar una indemnización a la empresa.
Por su parte, el Gobierno ha empezado a analizar con los expertos de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Rajyle), El Economista, la implementación de la normativa en España con la finalidad de combatir la brecha salarial. El objetivo sería el mismo que el que persigue la UE, tener datos por sexos, empresas y categorías de lo que ganan hombres y mujeres.
Con la nueva ley también se podrán imponer sanciones y multas a las empresas que no puedan demostrar que no existe discriminación en las retribuciones que pagan a sus empleados. Es decir, que las inspecciones de trabajo podrán preguntar sobre el porqué un hombre gana más que una mujer en una empresa y esta deberá de justificarlo si no quiere sufrir una sanción.
Una ley que ya existe
En España ya hay una ley similar. Se trata de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que garantiza, en su art. 5, el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promociones profesionales, y en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas.
Además, el Estatuto de los Trabajadores recoge en su art. 28 que "El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de esta, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla".