Indignación e incertidumbre entre las empresas cuando faltan menos de 15 días para que tengan que empezar a pagar la polémica Tasa Google. Junto a la Tasa Tobin, el impuesto a los servicios digitales fue uno de los primeros tributos que aprobaron PSOE y Podemos cuando llegaron al Gobierno.
El impuesto entró en vigor el pasado mes de enero y se esperaba que comenzase a cobrarse en abril, pero al departamento de María Jesús Montero se le echó el tiempo encima con los detalles y decidió posponer su pago hasta el 1 de julio.
Eso sí, en julio, las compañías digitales tendrán que abonar al fisco las cuantías correspondientes a los trimestres anteriores. Según el Ejecutivo, las arcas del Estado ingresarán 968 millones de euros al año con la Tasa Google. Así figura en los Presupuestos. Sin embargo, fuentes del sector consultadas por Libre Mercado recelan de esos cálculos, ya que los consideran demasiado optimistas.
El Impuesto sobre determinados servicios digitales va a gravar con un 3% los ingresos que las multinacionales tecnológicas obtengan de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y venta de datos. Si estas empresas facturan al menos 750 millones de euros en todo el mundo y 3 millones de euros en España serán gravadas. Amazon o Google serán algunas de las compañías afectadas. La lista es larga, aunque no hay una cifra oficial del número de empresas damnificadas.
"Menos de un mes para saber cómo se paga"
Además del perjuicio que supone una subida de impuestos para cualquier negocio, el problema está en que hasta el pasado viernes las empresas no sabían cómo debían cumplir con Hacienda. "Nos han dado menos de un mes para saber cómo se paga y cómo tenemos que adaptar nuestros sistemas contables. Es terrible", denuncia la directora de asuntos públicos de Adigital, Marta Becerra, en declaraciones a este periódico. Adigital es la patronal tecnológica que reúne a todo tipo de empresas del sector, desde BlablaCar hasta Facebook, pasando por Uber, sin olvidar a Google o Amazon.
No ha sido hasta el pasado 11 de junio cuando el Gobierno ha puesto a disposición de las empresas el Modelo de declaración necesario para proceder al abono de la tasa. "Me consta que las empresas llevan meses trabajando para cumplir con Hacienda, pero esto no es sencillo. No se hace apretando una tecla y no puede ser que hayan estado ultimando los detalles cuando queda menos de un mes de la obligación. Cumpliremos como podamos, pero el tiempo es insuficiente". Por ello, la directora de asuntos públicos de la patronal reclama a María Jesús Montero que "posponga el pago a octubre cuando estén completamente claros los criterios. No nos han dado tiempo", insiste.
Implicará geolocalización
El reglamento de la Tasa Google tampoco se había publicado en el BOE hasta el pasado miércoles 9 de junio. "Son unos criterios que no son fáciles de aplicar y vemos que las obligaciones de información son excesivas y rozan la extraterritorialidad", apunta Becerra.
Y es que, la tasa Google va a obligar a las compañías a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que tributan en España. "Se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización", reza el texto del Gobierno.
Fuentes de la Agencia Tributaria explican a este periódico que los datos de geolocalización no llegarán al fisco sistemáticamente. La idea es que los sujetos pasivos del impuesto calculen los clientes que tienen en España mediante geolocalización y con esos datos determinen la cuantía del impuesto a pagar.
Eso sí, deberán guardarlos por si Hacienda se los requiere. En la Agencia Tributaria aseguran que ellos no tienen capacidad de geolocalizar a contribuyentes o clientes sin judicializar el caso. Aunque cada vez son más las técnicas de big data, inteligencia artificial y minería de datos que usa Hacienda en sus investigaciones, niegan que puedan geolocalizar masivamente a la ciudadanía. Todavía.
Biden y hasta los sindicatos en contra
Que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decidido aprobar esta tasa de forma unilateral -sin esperar al consenso internacional- ha enfadado sobremanera el Gobierno de EEUU. Tanto Trump como Biden han amenazado a España con aranceles si continúa su plan de perjudicar a sus empresas, ya que la mayoría de las afectadas por este impuesto son estadounidenses.
Este mismo mes, la Administración Biden insistía en que la tasa sobre servicios digitales aprobada por España resulta discriminatoria y perjudica los intereses comerciales estadounidenses. Por ello, determinaba imponer un arancel adicional del 25% a una serie de productos españoles, aunque suspendía inmediatamente su aplicación durante 180 días para dar tiempo a las negociaciones sobre fiscalidad internacional. "El impuesto a los servicios digitales de España no es razonable, es discriminatorio y grava o restringe el comercio de EEUU", señalaba la Oficina de la Representante Comercial de EEUU, Katherine Tai, en referencia al caso español.
Hasta los sindicatos, muy dados a cargar contra las multinacionales y a apoyar todo tipo de impuestos sobre las empresas alertaban de las consecuencias sobre productos españoles que nada tienen que ver con la tecnología.
"Ya se han paralizado compras y se han cancelado pedidos. Es muy preocupante la posibilidad de que EEUU aumente un 25% los aranceles al calzado español, porque es el principal destino de las ventas extracomunitarias", avisaba CCOO a finales de abril. El sindicato también reconocía que un impuesto de este tipo podría provocar deslocalizaciones en el calzado y pérdida de empleo. "Si los aranceles del 25% llegaran a aplicarse, España padecería un proceso importante de deslocalización de la producción hacia países de su entorno". Además, "comarcas enteras viven del calzado en nuestro país. De los centros productivos de Elda (Alicante),Arnedo (La Rioja), Almansa (Albacete), Fuensalida (Toledo), Caravaca de la Cruz (Murcia), Menorca y Mallorca salen a diario miles de pares que, en su mayoría, se destinan al mercado exterior".
El siguiente efecto que va a darse tras la aprobación de la Tasa Google es que las empresas que operan en nuestro país trasladen ese coste a sus clientes y estos, al consumidor final. En España, Amazon ya ha comunicado por escrito a sus vendedores (buena parte, pymes) que se la piensa repercutir y lo mismo ha ocurrido con Google y las facturas de sus anuncios publicitarios. "Cada compañía tiene una política comercial, pero, como ya sabemos, los impuestos que pagan las empresas y cualquier coste extra se distribuye a lo largo de toda la cadena de valor y eso va hasta el público final", concluye Becerra.