La recién reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves su medida económica estrella: una sustanciosa rebaja del IRPF para todos los contribuyentes de la región.
Ayuso quiere procurar un alivio tributario a los más de 3,3 millones de declarantes de IRPF que tiene Madrid. El año que viene entrará en vigor la bajada en medio punto del impuesto para todos los tramos de ingresos, aunque no será hasta 2023, con la campaña de la renta, cuando el bolsillo de los madrileños lo note. El plan de la presidenta supondrá un ahorro de 300 millones de euros al año para los contribuyentes, una media de 98,75 euros por persona, y dejará a Madrid sin apenas rivales en el resto de España. Y no porque en Madrid se paguen pocos impuestos –siguen siendo elevados y deberían seguir bajando–, sino porque en las demás CCAA el saqueo es, en algunos casos, estremecedor.
A la izquierda le escuece sobremanera que Madrid sea desde hace años la región con el IRPF más bajo, porque eso implica que también es la que menos grava a los más ciudadanos con menos recursos. Esta realidad echa por tierra el mendaz discurso de que el Gobierno madrileño únicamente mira por los más pudientes y la ridícula acusación de que practica el dumping fiscal. Nada impide a Cataluña, Valencia o Asturias bajar impuestos también, pero no lo hacen porque prefieren seguir esquilmando a sus contribuyentes. Que un madrileño que gana 20.000 euros brutos al año pague 340 euros menos a Hacienda en el IRPF que un catalán o 150 menos que los habitantes de algunas regiones gobernadas por el PSOE es un dato harto elocuente, que pone a cada uno en su sitio.
Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en marcha una subida de impuestos sin precedentes que puede resultar devastadora para las rentas medias y bajas. Algunos ya han subido, como el IVA a los refrescos o las primas a los seguros; otros ya están comprometidos con Bruselas, como la subida del diésel, la del Impuesto de Matriculación, la de los billetes de avión, los peajes en las autovías y una lista infinita que podría rebasar los 80.000 millones de euros.
En esta colosal factura también está incluida la abominable armonización de los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, que atenta directamente contra la autonomía de la Comunidad de Madrid. Armonizar no es más que la patraña social-comunista para obligar a subir la fiscalidad en las CCAA menos liberticidas. Para evitar un expolio de 5.900 millones de euros y proteger los impuestos cedidos a la región, Ayuso ha anunciado que blindará Madrid ante los desmanes de Sánchez con una Ley de la Autonomía Fiscal.
"Es mucho más fácil tutelar a quien es pobre y dependiente que a quien es libre y autónomo", dijo Ayuso en la primera sesión del debate de investidura. Dijo bien. Sus medidas liberalizadoras han de ejercer de contrapeso para reactivar la economía regional amenazada por los social-comunistas. El muro liberal que ha levantado Madrid debe proteger la riqueza regional de la voracidad de Sánchez el incompetente, el cacique, el manirroto. Y servir de referencia al resto de España.