El presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que "el principal beneficiario" de los altos precios de la electricidad es "la Hacienda Pública", especialmente en un escenario como el actual con un elevado precio del CO2.
En su discurso en la junta general de accionistas de la compañía, Galán recordó que las arcas del Estado reciben no solo "cuantiosos" impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2, que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros.
Así, el directivo volvió a mostrarse en contra del anteproyecto de ley mediante el que el Gobierno pretende recortar los ingresos de las eléctricas por el denominado 'dividendo de CO2', ya que "introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras", y mostró su confianza en que "sea reconducido a lo largo de su tramitación para buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre la política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable".
El presidente de Iberdrola afirmó que, tal y como han avalado en sus alegaciones al anteproyecto de ley distintos agentes, organismos, analistas y agencias de rating, es "imprescindible" un marco regulatorio que "preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores".
Así, mostró la disponibilidad al diálogo de la energética, aunque también subrayó su compromiso "con la defensa" de los intereses de sus accionistas y del resto de sus "grupos de interés".
Actuar sobre los impuestos
Como mejor medida para actuar sobre los altos precios actuales de la electricidad, Galán abogó por hacerlo a través de los impuestos, cargas y tasas que se le imponen "que en buena medida pagan los ciudadanos".
Por ello, acogió "positivamente" las recientes declaraciones del Gobierno respecto a una posible reducción de los impuestos, cargos y tasas, "que ya suponen cerca del 60% de la factura que pagan los usuarios".
9.000 millones de recaudación para 2021
A este respecto, fuentes del sector señalan que el Estado es el principal beneficiado con los actuales precios de la electricidad, con una recaudación estimada de unos 9.000 millones de euros para 2021 por medio de cargas impositivas como un mayor IVA, el impuesto a la producción del 7%, el mayor importe de las
subastas de derechos de CO2, el impuesto eléctrico (5%) o el incremento de otras cargas, que supondrían 2.700 millones más que en 2020 aproximadamente.
Los grandes perjudicados de esos altos precios de la electricidad consideran que pasan así por ser los 11 millones de clientes —que representan el 10% de la energía— que tienen factura fijada por ley (PVPC) ligada a la variabilidad de precios horarios y los más de 1.000 productores y comercializadores de electricidad que venden el
90% de la energía consumida a precio fijo en mercado libre, pero con mayores impuestos.
Mientras, los 20 millones de clientes en el mercado libre -el 90% de la energía consumida- no se ven impactados de esas oscilaciones en los precios de la luz al tener contratada su electricidad a precio fijo.
Por otra parte, Galán mostró satisfacción por el acuerdo "casi unánime" de la necesidad de "acelerar la transición energética", reafirmado en la reciente Cumbre de Líderes sobre el Clima o con la legislación en países como Reino Unido, Estados Unidos o España —con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica—.
Inversión récord de 17.000 millones en 2021
En la junta general, Galán también recordó el esfuerzo inversor de Iberdrola, que en 2020 alcanzó un récord de inversiones de 10.000 millones de euros que pulverizará con una inversión prevista de 17.000 millones de euros en este ejercicio.
Asimismo, la junta aprobó la reelección de Francisco Martínez Córcoles como consejero ejecutivo, así como la ratificación y reelección del exministro de Interior con el PP Ángel Acebes como consejero independiente.
De esta manera, Martínez Córcoles, actual consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola y único ejecutivo del consejo junto al presidente del grupo, renueva por un mandato más, después de que en 2017 fuera nombrado consejero ejecutivo.
Los accionistas del grupo también dieron su visto bueno a la aprobación de un reparto de dividendo complementario de 0,252 euros por acción, que se sumarán a los 0,168 euros abonados en concepto de dividendo a cuenta. La remuneración total por acción correspondiente a 2020 asciende así a 0,42 euros, con un aumento del 5% frente al año anterior, y para 2021 Iberdrola prevé la distribución de un dividendo de 0,44 euros por título, "superando en ambos casos el suelo fijado para el año 2022 en nuestro plan de negocio", dijo Galán.
También recibió luz verde por parte de los accionistas la medida propuesta para que el consejo de administración de Iberdrola sea el depositario de la responsabilidad sobre la acción climática del grupo y se encargue de aprobar, supervisar y reportar, de forma pionera, un plan para asegurar la neutralidad del grupo en 2050.