La Oficina Antifraude ha recomendado a la Comisión Europea y a los países miembros de la Unión que pongan en marcha los procedimientos de rigor para recuperar 293 millones de euros que, según su auditoría anual, se habrían empleado de forma irregular durante el pasado año. El estudio señala que, además de las malas prácticas observadas en otros ejercicios, el curso 2020 se cerró con la problemática añadida de las compras sanitarias asociadas a la pandemia del coronavirus.
En total, el ente supervisor tiene en la diana a más de 1.000 proveedores que, en el marco de la crisis sanitaria, habrían suministrado materiales ilegales, falsificados o no autorizados, incluyendo mascarillas no homologadas o test defectuosos. Este mismo año, se estima que dieciséis gobiernos comunitarios estuvieron cerca de comprar vacunas a proveedores no autorizados, aunque el fiasco fue detenido a tiempo por la intervención de la Oficina Anti-fraude.
Por lo general, la Oficina Antifraude no publicita este tipo de informaciones hasta que termina sus evaluaciones anuales. Sin embargo, el pasado mes de febrero informó del intento de estafa con las vacunas, que habría tenido un coste de 16.000 millones de euros para los contribuyentes de los países afectados.
En 2021, la Oficina Antifraude tendrá mucho más trabajo de lo habitual, puesto que la aprobación del fondo de "rescate" europeo abre las puertas a todo tipo de malas artes. Desde el organismo ya se han puesto en marcha con los gobiernos nacionales para reforzar los mecanismos de control, pero los mecanismos de gobernanza son distintos en cada país, de modo que no hay garantías suficientes de la eficiencia de los desembolsos y el control de la corrupción.
Desde 2010 hasta 2019, la Oficina Antifraude ha realizado más de dos mil investigaciones. Estos procesos han permitido recuperar más de 7.300 millones de euros que habían sido desembolsados de forma indebida, aunque no siempre es posible recuperar los activos perdidos, de ahí que el organismo haya realizado más de 2.700 recomendaciones a los gobiernos europeos para reclamar reformas presupuestarias, administrativas o judiciales que minimicen el margen de fraude asociado al dinero público de raíz comunitaria.
El año 2019 se saldó con la detección de 485 millones que habrían sido empleados de manera irregular, de modo que el ejercicio 2020 se cerró con una cifra claramente menor, de 300 millones, lo que ha despertado cierta extrañeza entre algunos de los principales grupos del Parlamento Europeo, que daban por hecho que las cifras de fraude serían mayores.