El Tribunal Supremo ha anulado el fallo del Tribunal Superior de Justicia Valenciano que, en 2019, desestimó el recurso presentado por Ribera Salud contra la decisión de la Generalidad de recuperar la gestión pública directa del Hospital de Alzira y la atención sanitaria integral en ese departamento de salud.
El fallo del Alto Tribunal, notificada este jueves a las partes y hecho público por el Grupo Ribera, anula la sentencia del 15 de octubre de 2019 del TSJCV que rechazaba los doce motivos esgrimidos por los recurrentes en su demanda tras la negativa de la Consejería de Sanidad a prorrogar el contrato con la empresa concesionaria del servicio, que quedó extinguido el 31 de marzo de 2018.
La valoración de Ribera
En un comunicado, Ribera Salud asegura que "el Tribunal Supremo establece así, un antes y un después en los procesos de reversión de las administraciones públicas en España. A partir de ahora, se ha definido la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión".
"Esta sentencia, sin precedentes, supone una gran garantía de la estabilidad presupuestaria y control del gasto público, ya que impide decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos cuyos efectos económicos negativos deban pagar los ciudadanos. A la vez, supone también, una garantía del principio de transparencia en la medida en que los ciudadanos conocerán previamente a su adopción, las consecuencias económicas que van a tener las decisiones de sus gobernantes", añaden.
"Esta nueva doctrina afecta de pleno al proceso de reversión de Torrevieja porque pone de manifiesto que el modelo de reversión iniciado por la Generalitat se ha hecho de forma improvisada y sin consenso, y ahora además, según el Tribunal Supremo, de manera ilegal, ya que en este caso tampoco se han justificado las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios de la decisión", explica la empresa.
Ante esta nueva realidad, desde Ribera valoran positivamente "este punto de inflexión que supone la necesidad de justificar las reversiones por encima de las decisiones políticas y arbitrarias".
En el caso del hospital de Alzira, a pesar de que el Supremo no ha anulado la "no prórroga" del contrato de concesión, porque "no se puede descartar que no se hubiera hecho una valoración de dichas repercusiones", dos de los magistrados del Tribunal Supremo han manifestado un voto particular en contra de esta decisión.