Raquel Sánchez es la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en sustitución de José Luis Ábalos, que ha abandonado el Ejecutivo por decisión de Pedro Sánchez. La que fuera alcaldesa del municipio barcelonés de Gavá llega al ministerio con la nueva Ley de Vivienda como principal reforma y motivo de disputa entre Unidas Podemos y el PSOE. La norma, todavía en elaboración, quiere imponer un mayor control sobre los precios de los alquileres y sancionar a los propietarios que tengan viviendas vacías. Sin embargo, el principal motivo de disputa es el del control del precio del alquiler.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño ha sido la primera en lanzar un mensaje directo a Sánchez asegurando que "regular el precio de los alquileres no es la solución". Unas declaraciones que sirven como advertencia. Sin embargo, Raquel Sánchez declaró al municipio de Gavá como "área tensionada" y reguló el precio de los alquileres. Por tanto, parece que la nueva ministra parece coincidir con las reclamaciones de Unidas Podemos.
De hecho, las primeras declaraciones como ministra dejaron clara su intención: "No hay derechos y no hay dignidad sin vivienda. Hablar de inclusión es hablar de vivienda y del derecho a disponer de ella a precios asequibles. Ese es el instrumento más poderoso del Estado del Bienestar y la fuente de la que emanan los derechos fundamentales". Por tanto, tendrá que mediar con Calviño, quien siempre se ha manifestado en contra del control de los precios de los alquileres.
Sin embargo, la Ley de Vivienda no será la única gran reforma que tendrá que afrontar la exalcaldesa. Sino que también deberá hacer frente al impuesto de las autovías, o mejor dicho al sistema de peajes que el Gobierno propuso a la Unión Europea. De hecho, también será la encargada de mediar entre el Ejecutivo central y la Generalidad de Cataluña cuando después del verano los peajes de la AP-7 y la AP-2 decaigan y se conviertan en vías gratuitas para los conductores.
Finalmente, Sánchez también tendrá que lidiar con la ampliación del Aeropuerto de El Prat. Aena pretende invertir 1.700 millones de euros para que el aeródromo pueda acoger a un mayor número de viajeros. Sin embargo, los municipios que rodean las instalaciones, entre los que se encuentra Gavá, se han mostrado en contra de esta ampliación de El Prat.