El proceso de penetración en las instituciones públicas con fines de ocupación es la estrategia típica de la izquierda heredera del viejo marxismo que consideraba que democracia y derechos humanos no son más que artificios burgueses que se respetan cuando conviene y se derruyen cuando no. El acceso a la administración pública es una de las aspiraciones estratégicas de control del Estado que, además, sirve para contentar a una clientela política deseosa de puestos y prebendas.
El reciente acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña va a permitir convertir a los interinos, cuya contratación suele ser incontrolable por "necesidades del servicio", sustituyendo así a oposiciones regladas periódicas que exigen mérito y capacidad, en personal fijo de la Administración Pública con oposiciones no eliminatorias y acceso directo a la plaza para los interinos que lo hayan sido durante más de diez años.
No son nada nuevos estos procedimientos sumarísimos que benefician a los colocados por todos los partidos en la estructura administrativa del Estado dejando en desigualdad de opciones y condiciones a los que quieren opositar en calidad de ciudadanos libres e iguales a las mismas plazas.
En Andalucía, los procesos de penetración en la Administración autonómica comenzaron incluso antes de 1982, en el período preautonómico iniciado en 1979, sirviendo a un proceso general de ocupación política que perpetuara al PSOE en el poder, algo que se consiguió durante más de 36 años, más tiempo que el que duró la dictadura de Franco.
En Andalucía, junto al diseño de la ocupación de la Administración Autonómica, estuvo la penetración en las plantillas de Ayuntamientos y Diputaciones, la irrupción en el poder económico y financiero de las Cajas de Ahorro, la inundación de sociedades mercantiles formadas por personas afiliadas o afines al PSOE, su participación exclusiva y excluyente en el entramado de las empresas públicas más socialistas que públicas.
Únase a ello la utilización sectaria y partidista de las subvenciones y adjudicaciones, el dominio sobre los sindicatos "de clase", la toma de la "comunicación", desde Canal Sur al condicionamiento de la publicidad institucional o las concesiones de radios y TV locales, el uso partidista de la educación, la sanidad y las organizaciones sociales las de la desde ONG a economía social y el "tráfico de coincidencias" de claves y familias socialistas colocados en importantes puestos del engranaje administrativo de la Junta y demás administraciones que dieron paso a casos de corrupción escandalosos.
Pero la colocación de personal afín en la nueva Administración autonómica y en las administraciones locales fue el primer paso.
El proceso de penetración partidista
En una democracia liberal, la Administración, en ninguno de sus niveles, debe ser partidista. Los funcionarios deben actuar al servicio de la sociedad y de los ciudadanos sin distinción de ideologías, creencias e inclinaciones. En una democracia sana y transparente, el funcionario es un profesional del servicio público y de servicio al público. Como los médicos o los arquitectos o los abogados, no deben preguntar a sus clientes o ciudadanos cuáles son sus ideas para salvarles la vida, construirles una casa o defenderlos en un procedimiento judicial.
En una democracia decente, los funcionarios, y en general cualquier empleado público, es contratado según unas normas y procedimientos objetivos examinados por tribunales ad hoc, especialmente capacitados para emitir un juicio justo. En una democracia clara, cualquier ciudadano puede optar a tales puestos en situación de igualdad vital de oportunidades.
No fue así en Andalucía. El PSOE tuvo la oportunidad de edificar una Administración Autonómica ex novo, desde los cimientos. A la muerte de Franco, sólo existían una sólida administración central y una débil y exigua administración local, muy fuertemente anclada, vía jerárquica, en las Diputaciones.
La disyuntiva fue construir una administración neutral, profesional, eficiente y al servicio de todos los ciudadanos o construirla a partir de un criterio partidista que conllevaba la ocupación ab initio de numerosos puestos de la nueva Administración. Es decir, había que optar por la democracia sin adjetivos o por el dominio del partido. Se optó por lo segundo. En el libro inédito La tela de araña andaluza: el poder de un régimen (2011) se resume lo ocurrido y puede comprobarse cuál fue el papel de los interinos:
- Desde 1979, constitución de la Junta preautonómica, a 1990, la mayoría de los nuevos empleados públicos que entraron a formar parte de la Junta de Andalucía, lo hicieron sin convocatorias específicas de acceso, salvo los llamados "transitorios". Hubo dos maneras de incorporarse a la Administración andaluza y formar parte así del "empleo público": la de los Interinos y la de los Laborales.
- Los primeros en entrar sin convocatorias específicas de acceso fueron los llamados funcionarios preautonómicos. Este proceso duró desde 1979 a 1983 y fue dirigido y reglado por el PSOE y sus máximos representantes en la Junta, durante el mandato de Rafael Escuredo.
- En 1986, ya con José Rodríguez de la Borbolla y Camoyán presidiendo la Junta de Andalucía, tuvieron lugar las oposiciones restringidas para la incorporación de los transitorios y preautonómicos, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), proceso excepcionalmente validado por una inolvidable sentencia del Tribunal Constitucional, 5 años después de una larga batalla de recursos.
- La Ley 6/85 de Ordenación de la Función Pública de Andalucía dio peso a la figura del interino, que existía desde 1964, y dicha Ley indicaba que se podía prescindir, motivadamente, del trámite de convocatoria pública para ser interino. Se realizaron a partir de aquí ofertas de empleo publicadas sólo en los tablones de anuncios de las Consejerías de la Junta e, incluso, sin publicidad alguna. O sea, una forma de contratar sin control. Fueron los llamados interinos "pata negra".
- El 5 y el 7 de noviembre de 1990 se firmó el Acuerdo de Estabilidad para el personal funcionario interino y personal laboral eventual, respectivamente, al servicio de la Junta de Andalucía. Este Pacto de Estabilidad condicionaría gran parte de la función pública andaluza durante muchos años.
- A partir de 1990, momento en el que se empezaron a convocarse las primeras ofertas públicas de empleo, los interinos y laborales salieron de las bolsas de trabajo conformadas para dichas ofertas públicas, pero ninguno de ellos estará acogido al acuerdo de estabilidad y cuando sus plazas se ocupen saldrán a la calle. Los primeros serán conocidos, en esta época, como "interinos J" y "laborales X".
- También existió otra denominada vía de entrada de personal laboral conocida como vía del Capítulo VI (consistente en cargar los gastos del personal contratado sin pruebas selectivas públicas al capítulo VI de los presupuestos, es decir, inversiones, en vez de al capítulo correspondiente a gastos de personal).
- Finalmente, la creación de empresas públicas, agencias, Fundaciones y organizaciones varias supuso el tejido de toda una "administración paralela" sobre la que el gobierno de Manuel Chaves, y luego de Griñán, negaron reiteradamente toda información. La última vuelta de tuerca para dar legalidad y estabilidad a estos empleados fue la aprobación de los Decretos- Ley 5/2010, 6/2010 y la Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz por la que se integraban como empleados públicos sin prueba alguna de acceso nada menos que unos 26.000 trabajadores, más de 35.000 según UGT.
- En su conjunto, fuentes muy bien conocedoras del proceso consideran ajustada una cifra de alrededor de unas 12.000 las personas las que fueron colocadas sin pruebas específicas de acceso en el período desde 1979 a 1990, entre interinos y laborales. Sumadas las primeras entradas "digitales" de preautonómico y las siguientes de la administración paralela, lo ocurrido en Andalucía es mal ejemplo de un desarrollo enfermizo de una administración democrática situada al servicio de un partido.
El camino de los "interinos", un camino desarrollado por el PSOE y no interrumpido por el PP, vuelve ahora a consolidarse como un método de penetración efectiva de personas que consiguen su puesto sin competir en mérito y capacidad con los demás españoles que tienen derecho a esos puestos en igualdad de condiciones. Un mal camino.