Desde el año 2010, el tamaño del balance del Banco Central Europeo se ha duplicado. En la actualidad, los activos manejados por el organismo que preside Christine Lagarde superan el 75% del PIB, más que duplicando el 35% del PIB que maneja la Reserva Federal de Estados Unidos.
Tras el estallido de la Gran Recesión, entre 2007 y 2008, la política monetaria ha explorado solamente el camino de la expansión cuantitativa. Lejos de reducir su intervención en los mercados o endurecer los tipos de interés, el BCE ha terminado lanzando una sucesión de programas de compra de activos y ha llevado el precio del dinero hasta el entorno del 0%.
Aunque estas condiciones acomodaticias evitaron un colapso financiero, lo cierto es que también han introducido profundas distorsiones que poco a poco resultan más evidentes. Un ejemplo lo tenemos en la deuda pública de los países de la Eurozona, que está enfrentando unos costes de financiación muy similares a los de hace una década, a pesar de que los pasivos acumulados por los gobiernos del Viejo Continente han cruzado sin fuerza.
Así, en el caso de España vemos que los intereses derivados de la deuda llevan cinco años estancados entre los 30.000 y los 35.000 millones de euros, a pesar de que las obligaciones del Tesoro no solo no se han mantenido constantes, sino que se han disparado en más de 300.000 millones de euros.
Pero, ¿qué puede pasar si el BCE termina por endurecer el rumbo de la política monetaria? ¿Qué supondría una subida de tipos como la que empiezan a descontar muchos analistas para el bienio 2022-2023? No hay que olvidar que la inflación ya está reflejando una tendencia alcista, de modo que estos posibles escenarios se antojan cada vez más probables.
Pues bien, según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, una subida de apenas cien puntos básicos tendría el efecto de elevar un 50% el coste de financiar la deuda. En términos monetarios, esto significa que subir al 1% los tipos de interés aumenta en 15.000 millones de euros el pago anual de intereses asociados a la deuda pública que tiene el Tesoro español en circulación.
De modo que resulta evidente que la política monetaria del BCE está subsidiando de facto al gobierno, permitiendo que emplee esos 15.000 millones en gastos no financieros y evitando que abone un precio coherente con el riesgo real que tiene la creciente deuda pública de nuestras Administraciones Públicas.
Esto debería obligar al Ejecutivo a acelerar la consolidación fiscal, aunque los cuadros de estimaciones macroeconómicas que maneja el gobierno apuntan que el descuadre entre ingresos y gastos será superior al 8% del PIB en 2021 y se situará por encima del 6% en 2022, claramente por delante del límite que marcan las reglas de la Eurozona, según las cuales el déficit no puede ser mayor que el 3% del PIB.