Ni la campaña mediática contra Isabel Díaz Ayuso, ni la persecución de la izquierda a uno de sus proyectos estrella, el hospital de pandemias Isabel Zendal, ni la candidatura por sorpresa de Pablo Iglesias en Unidas Podemos logró frenar la ilusión que Isabel Díaz Ayuso había despertado en los madrileños y buena parte de los españoles que pedían "una Ayuso" en su comunidad. Tanto es así que el 4 de mayo cosechó una aplastante victoria en las elecciones y que le dejó al borde de la mayoría absoluta con su eslogan de campaña "Comunismo o Libertad".
Que la batalla que se libraba en Madrid tenía mucho que ver con ese eslogan lo demuestra la lacerante campaña que el bloque de Gobierno de Sánchez, compuesto por izquierda, comunistas y separatistas, mantiene contra las libertades y prosperidad que se disfruta en la Comunidad que dirige Ayuso. Esta semana hemos tenido un buen ejemplo del desesperado intento del Gobierno por acabar con esa prosperidad.
¿7.700 millones de inversión en Madrid?
La primera andanada de la ofensiva que hemos visto esta semana corría a cargo de la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes Gonzalez, que se presentaba ante los periodistas con una presentación titulada "cumpliendo" en la que pretendía demostrar una extraordinaria generosidad del Gobierno con Madrid. El problema es que la gran mayoría de partidas que supuestamente el Gobierno estaba invirtiendo en Madrid hasta rozar los 7.800 millones de euros no son realmente inversiones. En su intento, la delegada llegó a incluir como inversiones la gestión de los fondos de la PAC (que vienen de Europa) o las autorizaciones de endeudamiento así como los ICO (que lejos de ser inversiones son deuda) para tratar de maquillar que lo realmente invertido apenas llega a 1.250 millones de euros.
Un impuesto al madrileño
El segundo ataque llegó de forma coordinada entre el barón autonómico socialista Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, y el ministro de Inclusión Social José Luis Escrivá, que abaló la ofensiva. Puig, como otros barones socialistas como Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Page, mantiene el falso discurso de que el hecho de que la capital de España se encuentra en la Comunidad de Madrid, hace que ésta prospere por sí sola. Además, acusa al Gobierno de Ayuso de insolidario por aprovechar esa coyuntura sobrevenida para bajar los impuestos a sus ciudadanos haciendo que llegue menos dinero a la caja común de la que disfrutan otras comunidades autónomas como la suya.
El problema no es que ambos argumentos sean falaces. Primero, porque Madrid no siempre ha sido la locomotora de España (es algo que se ha producido en los últimos años gracias a las políticas liberalizadoras de la economía que puso en marcha Esperanza Aguirre) aunque lleva siglos siendo la capital. Sin ir más lejos, entre 1975 y 1995, Valencia creció más que Madrid. Y segundo, porque por mucho que Ximo Puig repita que si Madrid gravara, por ejemplo, con el impuesto de Patrimonio a los madrileños con más renta, él y otras comunidades tendrían más financiación, no cambiará el hecho de que Madrid tenga el récord de recaudación y que precisamente la Comunidad Valenciana pueda disfrutar en términos netos de los impuestos que genera la capital de España.
El problema que parece querer esconder Ximo Puig con su campaña contra Madrid (impulsada gracias a un Think Tank subvencionado por él mismo según publica este sábado el diario El Mundo) es el de su deficiente gestión, ya que condena a los valencianos a pagar algunos de los impuestos más altos de España mientras mantiene unos servicios públicos deficientes. Podemos recordar que el tipo marginal máximo del IRPF en la Comunidad Valenciana es el más alto de España en el 54%, 10 puntos por encima del que tiene la Comunidad de Madrid. Por ello, su propuesta estrella es la de crear un impuesto especialmente diseñado para la madrileños que compense esa "dumping fiscal" del que acusa a la Comunidad de Madrid.
De nuevo un argumento falso. Si acudimos a las últimas cifras oficiales que reflejaban las balanzas fiscales elaboradas por el Gobierno en 2014, los ciudadanos madrileños depositan en la caja común para el resto de comunidades autónomas 19.200 millones de euros, más de 3.000 euros por madrileño. Dada la evolución de los últimos años es lógico pensar que esa cifra ha aumentado de manera sustancial.
El "recorrido" de Escrivá
Lo más llamativo es que el ministro José Luis Escrivá, que se reunió esta semana con Puig, compraba la propuesta y aseguraba que ese impuesto discriminatorio para Madrid tenía sentido y "mucho recorrido", bajo el argumento de que "hacia donde avanzamos" es a eliminar la competencia fiscal y que, por lo tanto, no tiene sentido que una comunidad como Madrid baje los impuestos.
De nuevo el argumento, también en este caso, es falaz. Primero porque no avanzamos hacia la eliminación de la competencia fiscal, que es intrínsecamente buena para los contribuyentes ya que les permite comprobar en qué países o comunidades autónomas se hacen mejor las cosas con el dinero que les quitan vía impuestos. Simplemente se ha propuesto armonizar algunos tipos fiscales como el Impuesto de Sociedades, y sólo en Europa. Y segundo, porque si la Comunidad de Madrid baja los impuestos es porque, igual que el resto de autonomías, cuenta con la herramienta que le proporciona la Constitución en la LOFCA y en la Ley del Sistema de Financiación Autonómica, que les otorga autonomía para subir o bajar ciertos tramos de algunos impuestos e incluso imponer algunos impuestos nuevos a sus ciudadanos. Es decir que esa armonización que pretende el ejecutivo también podría ir por el camino contrario, es decir, por el de bajar los impuestos en el resto de comunidades. Si Ximo Puig no baja los impuestos en su comunidad es porque no quiere, no porque Madrid se lo impida.
Pero es que además, castigar a los ciudadanos de la comunidad de Madrid con un impuesto diseñado para este territorio y que habría que satisfacer por el mero hecho de vivir en esta comunidad constituye una brutal discriminación que choca frontalmente con la Constitución. Quizá por ese motivo la ministra de Hacienda salía al paso este viernes para negar que esté en la agenda el impuesto al madrileño que jaleaba Escrivá el día anterior.
La trampa de Montero
El tercer ataque a la Comunidad de Madrid de la semana llegaba en boca de María Jesús Montero, quien aprovechaba una comparecencia pública para cargar, de nuevo, contra la gestión de Ayuso y afeaba al Gobierno de Madrid de bajar los impuestos "y al mismo tiempo pedir dinero al Gobierno". Otra vez la mentira en el Gobierno. La Comunidad de Madrid es la que más recauda de todas y la que más aporta a la caja común. En 2019 Madrid aportó 87.877 millones de euros al Estado con grandes impuestos (IRPF, IVA y Especiales), mientras que el Gobierno devolvió a la Comunidad de esa caja común en aquel 2019 apenas el 23% de esa cantidad, 20.240 millones. Es decir, que el problema no es que Madrid baje impuestos y pida dinero. El problema es que Montero sabe que la Comunidad que más recursos aporta al sistema vía impuestos es Madrid y también sabe que lleva años castigándola en el reparto autonómico.
Un problema de gestión
No sería descabellado concluir que lo que subyace bajo estos feroces ataques a la Comunidad de Madrid y de los que en esta semana simplemente se ha reproducido un nuevo episodio (hasta Cristóbal Montoro atacaba a la comunidad de Madrid por bajar impuestos), tiene mucho que ver con que el reflejo de izquierda y separatistas en el espejo que pone la comunidad de Madrid les retrata como nefastos administradores que maltratan fiscalmente a sus ciudadanos, incrementan de manera brutal el gasto público para, además, ofrecer peores servicios públicos que Madrid.
El modelo de gestión en Madrid no sólo ofrece la fiscalidad más baja de España a sus ciudadanos, sino también unos servicios de calidad y una mayor autonomía a sus ciudadanos, gracias a la eficiencia en el gasto. Si buscamos cualquier ranking de colegios tanto públicos como privados veremos que 10 de los 20 mejores colegios públicos de España están en Madrid. Lo mismo sucede con los privados: 7 de los 10 mejores de España están en Madrid. El mejor hospital de España es la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, de titularidad pública y gestión privada, uno de los mayores éxitos de la sanidad madrileña, sin duda, la mejor del país. Además, Madrid cuenta con, quizá, la mejor oferta cultural y de ocio.
Y es que las comparaciones son odiosas, y más si miramos la gestión durante la pandemia. Sólo por poner un ejemplo, el hospital de pandemias Isabel Zendal, así como su embrión, el hospital de IFEMA, dejan en pañales la gestión de Ximo Puig, quien sólo fue capaz de poner en marcha durante la pandemia un hospital de campaña con carpas que se llevaba el viento.
Las palabras de Montero
El revuelo causado por la propuesta de imponer al madrileño un impuesto por el hecho de serlo para compensar a las comunidades autónomas separatistas y socialistas que condenan a sus ciudadanos al pago de altos impuestos a cambio de unos deficientes servicios públicos fue frenado por la ministra Montero. Sin embargo, no sería la primera vez que el Gobierno dice que no hará algo que termina haciendo.