La respuesta del Gobierno social-comunista al escandaloso aumento del precio de la luz ha sido la obcecación, el chivateo infame y la intoxicación de bajísima estofa. Pedro Sánchez y su banda no han querido explicitar los auténticos motivos de la descomunal subida. Ni reconocer que el Fisco es el más beneficiado por esta situación que quita el sueño a millones de españoles: el 70% del recibo más temido son impuestos y paraimpuestos (subvenciones a las renovables, peajes, déficit de tarifa, etc.), lo que le permite al Ejecutivo hacer el agosto (con perdón) a costa del asfixiado contribuyente, que encima tiene que escuchar los sermones insufribles del hatajo de hipócritas biempagados que componen el Consejo de Ministros.
Son muchos los factores que influyen en este incremento salvaje, pero cabe agruparlos en tres: 1) el precio del gas natural, que se ha disparado de los 8 euros/mwh de 2020 a los 60 de este mes; 2) el impuesto suicida a los combustibles fósiles, los llamados derechos de emisión (de CO2), que se ha multiplicado por dos en solo un año, y 3) la inflación política que representa ese 70% del coste asociado a impuestos y exacciones injustificables.
Pero de esto nada se dice. El espectáculo que está ofreciendo el Gobierno es dantesco. El cobarde Sánchez escurriendo el bulto ante los periodistas y la ignara María Jesús Montero culpando a José María Aznar y a Mariano Rajoy por no apostar por las renovables, cuando fueron precisamente las renovables las que inflaron el déficit de tarifa y todavía cuestan una barbaridad a los consumidores. (Mención aparte merece que dijera que es el carbón y no el gas la materia prima que hace subir el recibo: qué bochorno de ministra impresentable).
No fue hasta el tercer día de subidas estratosféricas que se dignó a dar la cara la vicepresidenta energética Ribera. Y lo hizo a la manera patético-chavista. Así, clamó por una empresa pública que nacionalizase las centrales hidroeléctricas. Hablamos de la ministra Ribera, no de Belarra la bandarra. El PSOE no es mejor ni más fiable que Podemos.
Esa medida demencial supondría un retroceso brutal en el mercado eléctrico. ¿Las consecuencias? Para empezar, no se abarataría la factura: al contrario, se encarecerían los costes de cada planta, se malgastarían recursos hídricos y energéticos y el Estado incurriría en gastos aún mayores. Si alguien tiene dudas, que eche un vistazo a lo que pasó con la YPF expropiada en Argentina o al calamitoso estado del sector petrolero venezolano.
Tan cierto como que una empresa pública no solucionaría el problema es que parte del gravísimo problema que tenemos planteado está en la moratoria nuclear: si España tuviera más reactores, estaría menos expuesta a los onerosos ciclos combinados o al suministro procedente del exterior.
España no necesita nacionalizaciones perpetradas por los esbirros locales del criminal Maduro sino más independencia energética, libertad de mercado y plantas nucleares de primer nivel, y relegar las insostenibles renovables a la condición de elementos marginales del sistema. España necesita un Gobierno digno de tal nombre con ministros que sepan de lo que hablan y que tengan bien presente que el modelo energético actual no es reformable sino una aberración que puede poner en riesgo la viabilidad económica de la Nación y el bienestar de la ciudadanía.