La patronal mundial de operadores de telecomunicaciones, GSMA, y su homóloga europea, ETNO, han mostrado la oposición de las ‘telecos’ al mecanismo de fiscalidad que ha acordado la OCDE, que incluye un tipo global mínimo de Sociedades del 15%.
La GSMA y la ETNO, de la que forman parte las principales operadoras españolas, han elaborado un manifiesto conjunto —que la GSMA ha colgado en su web— en el que denuncian que el marco fiscal que ha diseñado la OCDE y que ha recibido el respaldo del G20 es "discriminatorio" para sus intereses.
Dicen que, de partida, dan la "bienvenida" a un pacto mundial para regular la tributación de la economía digital, pero se quejan de que el texto consensuado refleja que los países "han cambiado de su propósito original de recaudar impuestos sobre los servicios digitales en las jurisdicciones donde reside el cliente a una aplicación amplia que potencialmente somete a una doble imposición a las multinacionales de la industria de las telecomunicaciones, que ya pagan su parte justa de impuestos".
En concreto, se quejan de que se les haya incluido como empresas a pagar dentro del denominado Pilar 1, que reconoce el derecho de cada país a gravar beneficios conseguidos por compañías sin presencia física en su territorio. Esta carga afectará a multinacionales con ingresos globales superiores a 20.000 millones de euros y una rentabilidad superior al 10%.
Las ‘telecos’ reivindican su exclusión de este peaje, como se va a hacer de manera excepcional con las industrias extractivas y los servicios financieros.
"El acuerdo corre el riesgo de imponer una carga fiscal excesiva y discriminar a la industria de las telecomunicaciones", señalan la GSMA y la ETNO, que aducen que su sector está fuertemente regulado en la mayoría de los países, tiene que pagar numerosas tasas y debe afrontar grandes inversiones en infraestructura local a largo plazo dentro del país del mercado, incluido el pago de tarifas de licencia de espectro nacional.
Por todo ello, las patronales hacen un llamamiento a la OCDE y al G20 para que reconsideren su pacto para una arquitectura fiscal internacional en lo que atañe a sus intereses.