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EDITORIAL

El Gobierno se ríe de los pensionistas de hoy y de mañana

Sánchez no sólo condena la economía al estancamiento, sino que tiene la desfachatez de decir a los jubilados que no tienen de qué preocuparse.

España es un país envejecido y todo apunta a que lo seguirá siendo. Los problemas demográficos, un saldo vegetativo negativo, además de una fuerte incertidumbre en las predicciones sobre la llegada de una inmigración suficiente como para rejuvenecer el mercado laboral, siguen siendo la principal amenaza a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Eso y el propio sistema, de tipo piramidal, por lo que la cotización de hoy no sirve para nuestra pensión de mañana, sino para pagar a los pensionistas actuales. Es decir, que si cada vez trabajan menos personas y se jubilan más, llegará un momento en que se llegue a la quiebra. Ahora el Gobierno dice que quiere reformarlo, aunque, como ha explicado Domingo Soriano en Libre Mercado, pretende más bien una contrarreforma para eliminar algunas medidas de contención del gasto que introdujo Fátima Bañez en 2013.

Pero, lamentablemente, la demografía no es el único o el peor de los problemas. España ha acumulado, gracias a la irresponsabilidad de sus gobernantes, una deuda pública inaudita, que ya supera el 120% del PIB. Tiene un tejido empresarial que acumula cientos de quiebras bajo la alfombra. En la Unión Europea, somos campeones en déficit público y padecemos las peores cifras de desempleo, junto con Grecia. Varios de los motores de la economía nacional, como el turismo, el ocio y la hostelería, atraviesan una crisis descomunal. Y, para colmo, las tensiones internacionales y el efecto dependencia de China y Rusia hace que suframos en la factura de la luz el encarecimiento de materias primas como el gas, y el efecto dominó que esto provoca sobre los precios de bienes y servicios hasta colocar la inflación en el 2,9%, por encima de la media de la UE (2,5%).

Ante esta situación, urge reformar el sistema de pensiones; pero no para que éstas ganen poder adquisitivo vía BOE, sino para hacerlo sostenible y complementarlo con otras formas de ahorro e inversión. Hasta la fecha, los planes de pensiones privados habían sido una herramienta muy útil; pero el Gobierno, siempre creativo en la recaudación de impuestos, se ha cargado de un plumazo los incentivos que los convertían en una alternativa de inversión atractiva para la jubilación.

En diciembre de 2020 María Jesús Montero acabó con los incentivos fiscales a las aportaciones a los planes de pensiones, lo que ha provocado un desplome récord de las mismas (han caído un 94%). Si los planes de pensiones en España eran ya de por sí un producto de inversión no especialmente rentable, si el Gobierno elimina uno de sus pocos atractivos, las deducciones fiscales por las aportaciones, los desarmas como activo de inversión.

Lo que las cuentas públicas necesitan es reducir el gasto y rebajar la deuda, pero el Gobierno está decidido a disparar ambos. Lo que necesitan las empresas y el mercado laboral es la llegada de inversiones, una reducción de costes e incentivos a la actividad, pero el Gobierno pergeña nuevas subidas del SMI (que acumula incrementos superiores al 30% en los dos últimos años), dispara los costes energéticos y anuncia nuevas cargas fiscales. Lo que necesitan los jubilados del futuro es complementar su menguante pensión, pero el Gobierno retira los incentivos a la inversión. Y todo en un contexto de fuertes subidas de precios, lo que quita poder adquisitivo a aquellos que no invierten sus ahorros.

En el pasado, ante otras crisis económicas, algunos políticos recomendaban a los contribuyentes que se abrieran planes de pensiones privados ante el riesgo que corrían en el futuro las públicas. Con Sánchez no abren la boca. Sánchez no sólo condena la economía al estancamiento por la vía del gasto, sino que tiene la desfachatez de decir a los jubilados, del presente y del futuro, que no tienen de qué preocuparse.

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