El Gobierno ha logrado los apoyos necesarios para convalidar en el Congreso este lunes el decreto aprobado el pasado de agosto para prorrogar hasta el 31 de octubre el denominado 'escudo social', que incluye, entre otras, medidas como la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
Durante el debate de convalidación, la mayoría de grupos han avanzado su apoyo a estas medidas que están vigentes desde su aprobación pera aún necesitaban el refrendo de la Cámara. Eso sí, casi todos han tildado el decreto de "parche" y han exigido al Gobierno reformas estructurales en materia energética o de vivienda. Sólo han adelantado su voto en contra Vox y Ciudadanos.
Presentado por el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, el decreto prorroga la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional a las personas en situación de vulnerabilidad; la prohibición de cortes de suministro de agua, luz y gas; la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos en situación de vulnerabilidad, y la ampliación de la solicitud de prórroga del contrato de alquiler durante un plazo máximo de 6 meses.
Del mismo modo, los propietarios (empresa, entidad pública o particular) de más de diez viviendas seguirán obligados a facilitar una moratoria o condonación parcial de la renta a aquellos inquilinos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Igualmente, el 'escudo social' contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información 24 horas, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.
Vox y Cs votan en contra
Con estas medidas, ha destacado Bolaños, se ven las diferencias entre la acción del Ejecutivo actual y la del anterior, del PP, ante las dos crisis económica que han azotado al país en los últimos diez años y que, a su juicio, evidencia "las dos formas de gobernar". "La salida de la anterior crisis (financiera) fue lenta, injusta e incompleta, y la de ésta está siendo rápida y justa", ha presumido.
Por su parte, desde el PP, Rosa Romero ha anunciado su apoyo al decreto por "responsabilidad", si bien ha recriminado al Gobierno que trabaje a base de "improvisaciones" y siempre "llegando tarde y mal". Como otros portavoces, ha advertido de que antes de noviembre, habrá que hacer una nueva prórroga del 'escudo social', medidas que ha tachado de "fracaso".
En nombre de Ciudadanos, Sara Giménez, cuya formación rechaza la convalidación, ha cargado contra el Gobierno de "permitir la ocupación", en lugar de poner fin a un "problema estructural" con una nueva ley. Además, ha propuesto la creación de un Abono Social de Internet para las familias más vulnerables, así como la extensión del actual Abono Social Telefónico.
Igualmente, se ha situado en el 'no' Vox, cuya diputada Patricia de las Heras ha pedido la dimisión del ministro de la Presidencia por ser, ha dicho, el artífice del primer estado de alarma, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional.