Como cada año, la Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, y la Tax Foundation, de Washington D.C., han publicado el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal en España, un estudio que analiza, compara y clasifica los sistemas tributarios de los diecinueve territorios españoles con capacidad impositiva, incluidas las dieciséis comunidades autónomas y las tres diputaciones forales vascas.
Elaborado bajo la dirección de la economista Cristina Enache, el informe constituye una foto fija anual de la competencia fiscal a nivel autonómico en nuestro país. Se trata, pues, de un estudio que permite evaluar qué gobiernos regionales se lo ponen mejor a los contribuyentes y cuáles hacen lo contrario.
Con 7,19 puntos sobre diez, repite en cabeza del índice la Comunidad de Madrid, que ya en 2020 desplazó a Vizcaya a la segunda posición de la lista. El territorio gobernado por Isabel Díaz Ayuso obtiene ahora 7,13 puntos. A continuación aparecen Álava (7,08 puntos), Guipúzcoa (6,92) y Canarias (6,35).
En sexto lugar, Castilla y León (6,33) experimenta un fuerte ascenso respecto a 2020, escalando siete puestos en un solo ejercicio, merced a varias modificaciones en gravámenes como el Impuesto de Sucesiones. A continuación, Andalucía (6,12) sube cuatro posiciones respecto al año pasado y queda séptima del ranking, confirmando la mejoría progresiva desde que Juanma Moreno llegó al poder y acabó con cuatro décadas de dominico socialista.
La comunidad autónoma que más baja es Castilla-La Mancha (5,99), que queda décima. Cierran el ranking de 2021 Aragón con 5,14 puntos sobre diez, la Comunidad Valenciana con 5,08 puntos y Cataluña, que apenas alcanza 4,63 puntos sobre diez y figura como la única que ni siquiera alcanza el umbral de los 5 puntos.
La diferencia entre la comunidad más competitiva (Madrid) y la que presenta un marco fiscal más desfavorable (Cataluña) asciende a 2,56 puntos sobre diez, lo que supone una nueva ampliación de la brecha observada en años anteriores.
Metodología del informe
Para realizar los distintos cálculos que se traducen en la clasificación final, el IACF tiene en cuenta todos los impuestos parcial o totalmente cedidos a la administración autonómica, destacando los de Sucesiones y Donaciones, Patrimonio o el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El estudio también contempla el impacto de los impuestos adicionales establecidos por cada una de estas administraciones, y en los que existe una gran diferencia entre territorios. Así, mientras el País Vasco no ha añadido nuevos tributos a los principales, Cataluña supera con creces la decena de este tipo de impuestos propios en vigor.
El estudio, por trabajar sólo sobre normas vigentes, no contempla aún la reciente eliminación de esta clase de impuestos propios anunciada por la Comunidad de Madrid. Es de esperar, pues, que Madrid siga mejorando su calificación en la próxima edición, sobre todo si tenemos en cuenta que Ayuso también ha anunciado una rebaja del IRPF para 2022.