Los gobiernos de Cataluña y Comunidad Valenciana preparan nuevas subidas de la presión fiscal autonómica. En paralelo, tanto Pere Aragonés como Ximo Puig han proseguido sus ataques contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por defender y apuntalar su modelo de impuestos bajos.
Esta misma semana, la Generalidad de Cataluña remitió al ministerio de Hacienda un documento de propuestas de reforma fiscal en el que propone "endurecer" el Impuesto sobre el Patrimonio para que afecte de forma aún más severa a los contribuyentes que abonan un tributo inexistente en los demás países europeos.
Para ser precisos, el informe remitido por el consejero de Economía del gobierno catalán, Jaume Giró, sugiere que se elimine el límite conjunto que opera en el cálculo del IRPF y Patrimonio, según el cual no se puede exigir una tributación anual que supere el 60% de las rentas anuales percibidas por cada contribuyente, medidas a partir de la base imponible del IRPF.
Según el informe, el tipo efectivo que se está pagando en el Impuesto sobre el Patrimonio se sitúa cerca del 0,7%, pero con una medida así se podría situar más cerca del 2,75%. En última instancia, lo que propone la Generalidad de Cataluña implica multiplicar por cuatro lo que pagan los contribuyentes afectados por el Impuesto sobre el Patrimonio.
Igualmente, el gobierno catalán pide endurecer los requisitos referidos al tratamiento de las acciones de empresas familiares en las deducciones del Impuesto sobre el Patrimonio. La legislación en vigor exime de tributar en dicho gravamen por aquellas inversiones en las que el contribuyente controle más del 5% de las acciones de la sociedad en cuestión. Sin embargo, Cataluña propone a Hacienda una revisión al alza de este requisito, duplicando o triplicando el monto a partir del cual se puede reclamar la deducción.
Entre tanto, en la Comunidad Valenciana se baraja la introducción de una "tasa turística", una propuesta que no ha tardado en generar la indignación de los empresarios de un sector arruinado por la pandemia. La idea de imponer una "tasa turística" ya estuvo encima de la mesa en 2017, aunque el gobierno valenciano terminó descartando esta opción.
Aunque el asunto parecía olvidado, la vicepresidenta del Consell valenciano, Mónica Oltra, ha lanzado esta semana la posibilidad de incluir este nuevo impuesto en los presupuestos de la región para 2022. Según la líder de Compromís, la recaudación obtenida podría dedicarse a políticas de "emancipación juvenil".
Desde la patronal hotelera de la región, HOSBEC, no han tardado en reprochar al gobierno valenciano que, "en mitad de una pandemia pueda insinuar algo así. Es inconcebible". El sector, que ha sufrido más de 10.000 millones de pérdidas de facturación por el covid-19, ha insistido en que la "tasa turística" debe quedar descartada "de forma inmediata y tajante".
En Madrid, en cambio, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que rebajará el IRPF en 2022 y, además, eliminará los tributos propios dependientes de la región. No es de extrañar, pues, que se esté disparando la "brecha" entre Madrid, cuya competitividad fiscal no para de aumentar, y Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde el clima tributario que enfrentan los contribuyentes se está deteriorando de forma continuada desde hace ya muchos años.