La propuesta de Vox para agilizar el desalojo de okupas llega en un momento en el que las víctimas denuncian un aumento exponencial de este fenómeno como consecuencia de la pandemia. Y no sólo de la modalidad conocida como 'patada en la puerta', sino también de lo que los afectados han venido a denominar inquiokupación: la que protagonizan de facto aquellos inquilinos que dejan de pagar el alquiler a sus caseros, pero se niegan a abandonar la vivienda.
"Algunos se agarran al tema de la crisis, pero muchos son jetas que viven del cuento", advierte Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. A su juicio, hay un sector de la sociedad, pero también de la clase política, que se olvida de que la pandemia ha sido un problema para todos.
El drama en plena pandemia
"Hay gente que se ha tenido que ir a otra ciudad para cuidar a sus padres y cuando ha vuelto resulta que le han okupado la casa —explica a modo de ejemplo—. O gente que ha tenido que cambiar su lugar de residencia porque no encontraba trabajo y, al alquilar su vivienda para hacer frente a esos gastos, se ha visto con que los inquilinos ni pagan, ni se van. Hay casos durísimos".
Desesperados por las terribles consecuencias que esto tiene para quienes lo sufren en sus propias carnes —y que, en muchos casos, también son víctimas de la propia crisis sanitaria y económica— los afectados decidieron el pasado 18 de septiembre organizar la primera manifestación nacional para reclamar al Gobierno una ley antiokupas.
El falta de interés del CIS
El objetivo: visibilizar un problema que algunos parecen querer ocultar. En declaraciones a Libertad Digital, Bravo denuncia que el CIS lleva tres años sin preguntar a los ciudadanos por este asunto a la hora de elaborar las estadísticas de los problemas que más preocupan a los españoles. Tres años que coinciden con el mandato del socialista José Félix Tezanos.
"Ahora mismo estamos viviendo un repunte de la okupación que es brutal y, sin embargo, no aparece como preocupación, cosa que nos extraña muchísimo. Nos hemos comunicado con ellos para pedirles que por favor pregunten por este asunto y nada", lamenta.
Una realidad que supera las estadísticas
Según fuentes judiciales, en España hay unas 80.000 viviendas okupadas. Sin embargo, los afectados advierten de que los datos no son fiables. Para empezar, porque "los allanamientos están disminuyendo y lo que está aumentando es la inquiokupación, que no se considera el mismo delito, porque se enmarca dentro de un incumplimiento del contrato de arrendamiento".
Además, las estadísticas de Justicia e Interior toman como base las denuncias interpuestas. "¿Cuál es el problema? Pues que, como los procesos judiciales son tan largos y costosos, al final la gente decide buscar soluciones extraoficiales y o no denuncia o acaba tirando la toalla". Y eso sin contar con que, en muchos casos, las viviendas okupadas pertenecen a bancos o fondos de inversión, que no siempre recurren a la justicia tan rápido como les gustaría a los vecinos, los otros grandes damnificados.
Tres narcopisos y un burdel
Ricardo es precisamente una de esas víctimas de la okupación indirecta. En 2013, su edificio —situado en el madrileño barrio de Puente de Vallecas— comenzó a ser okupado progresivamente hasta llegar a ser el único propietario entre decenas de okupas. Y no precisamente pacíficos. "Aquí ha llegado a haber hasta tres narcopisos y un burdel —relata en conversación con LD—, así que he visto de todo: tiros, navajazos, peleas con puños americanos… A uno incluso le arrancaron la oreja de un mordisco".
Como es lógico, ha intentado hacer todo lo posible para revertir esta situación. Sin embargo, el hecho de que los pisos pertenezcan a bancos o grandes holdings dificulta el contacto con el propietario y, en muchos casos, éste ni siquiera se molesta en echar a los okupas. "Evidentemente los culpables son ellos, pero también hay una laxitud de parte de estas compañías que no se dan cuenta del trastorno que nos pueden ocasionar, porque, si no toman acciones, el resto no lo podemos hacer. Yo no puedo denunciar por usurpación", insiste.
Según los datos que maneja esta plataforma, la okupación indirecta supone el mayor porcentaje de casos, "porque existe una cierta conciencia de que no está mal okupar los pisos de los bancos". Sin embargo, Ricardo advierte de que "esta idea moderna de Robin Hood no se ajusta a la realidad, porque cuando tú estás viviendo con gente que no lo considera su propiedad y que entiende que puede hacer cualquier cosa y no pasa nada, empieza el deterioro, la suciedad o los daños estructurales del edificio".
Profesor de instituto, Ricardo no puede permitirse otra hipoteca. Y vender un piso en un edificio tan conflictivo sin perder todo el dinero invertido es prácticamente imposible. Aunque se resiste a que nos quedemos únicamente con su caso, lo cierto es que su testimonio ayuda a visibilizar el sufrimiento de muchas familias que no pueden o no se atreven a alzar la voz. "Esto no sólo te afecta al bolsillo. También te afecta a la salud. Yo llevo seis años en tratamiento psiquiátrico y me he tenido que tomar hasta 3.000 pastillas al año para poder seguir viviendo aquí", confiesa visiblemente afectado.
El silencio cómplice de Podemos
Y lo que más le duele es que haya partidos políticos "que incluso están fomentando o facilitando la okupación". En este sentido, Ricardo denuncia que Podemos ni siquiera les ha respondido: "Hemos intentado contactar con Ione Belarra, porque sabemos que ellos tienen mucho peso en este tema, y lo único que hemos recibido es el silencio como respuesta".
Por el contrario, agradecen a quienes les muestran su apoyo y tratan de poner sobre la mesa medidas encaminadas a ayudar a las víctimas, aunque lamentan que nunca se les consulte para saber qué necesitan. "Todas las medidas que se están tomando son medidas encaminadas a que se evite la okupación de una u otra manera, pero no son están destinadas a revertir el daño de los afectados", denuncia.
Así, recuerda que, a pesar de ser las víctimas, ellos no sólo tienen que costear los gastos judiciales, sino también hacer frente al pago de impuestos y suministros, ya sea directamente o a través de la comunidad. "Nos está costando dinero y no hay nadie que diga ‘señores, esto no lo paguen’. Es decir, tenemos que hacernos cargo de toda la responsabilidad de una casa, cuando los okupas no tienen ninguna, y jamás se nos ha dado un euro o se ha hecho algo al respecto".
Una ley que piense en las víctimas
Precisamente por eso, entre las medidas que reclaman a la clase política, se encuentra la justicia gratuita. "Tenemos casos de gente que ha pasado a ser vulnerable, gente con su propio piso, con su casa, a la que los okupas les han arruinado literalmente y que, cuando van a los servicios sociales y piden ayuda, encima les dicen que no se la pueden dar porque tienen una casa", denuncia.
Además, reclaman que los subsidios que muchos okupas reciben por una supuesta situación de vulnerabilidad pasen a estar supeditados a la convivencia y que, por tanto, los servicios sociales hagan una verdadera labor de inspección y seguimiento de estas personas. "Si están cobrando una renta mínima de inserción es para que se inserten, no para que estén toda la vida viviendo del Estado. Tiene que haber un seguimiento. Y esa inserción pasa por realizar una búsqueda de empleo, pero también por cumplir las normas sociales", insiste.
Constituida oficialmente el pasado mes de mayo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación promete no rendirse hasta que la ley antiokupas que reclaman sea una realidad. Por eso, animan a todos los afectados, así como a otras organizaciones y entidades a que se unan a ellos con el objetivo de sumar fuerzas. Son conscientes de que el camino no será fácil, pero han sufrido tanto que están dispuestos a dar todas las batallas que sean necesarias con tal de lograr su propósito y desmontar falsos mitos. El más importante, que la okupación solo afecta a los ricos: "Nadie está exento de sufrir esta lacra y te garantizo que te arruina la vida".