La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, culpa a la "cultura masculina" del retraso del acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
"Las negociaciones tienen que ser pausadas. Hay una cultura en este país muy masculina de llevar al límite las negociaciones. No me gusta nada. No hay que llevar al límite nada. Todos los recursos humanos, todas las experiencias, están socializadas en una manera jerárquica y de entender que toda negociación es buena si se lleva al límite", ha declarado Díaz en la cadena SER.
Vivienda e impuestos
A pesar de los argumentos surrealistas de la ministra para justificar el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Podemos, la realidad es que son los alquileres y los impuestos los que enfrentan a ambos partidos a la hora de cerrar las cuentas del año que viene. Así, Díaz ha reconocido que existen diferencias con el PSOE en materia tributaria y que Podemos apuesta por un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades porque "los que más tienen que aportar más en un momento en que nuestro país necesita ingresos públicos".
Díaz ha afirmado que España funciona con tributos públicos del siglo XX, con un IRPF y un Impuesto sobre Sociedades que sustentan los que menos cobran. "Hablar de impuestos es hablar de servicios públicos. Y necesitamos cumplir con el mandato constitucional: que los que más tienen aporten más para los que menos tienen. Un gobierno progresista tiene que mandar un mensaje reformista claro: que los que tributan muy poco ahora se comprometan con su país", ha añadido.
Sobre la vivienda, ha insistido en que España tiene que tomarse en serio este problema, porque las políticas de vivienda desarrolladas hasta ahora han sido un "fracaso". Así, la vicepresidenta ha abogado por adoptar medidas para recortar los precios del alquiler.
Precisamente este jueves, Podemos vuelve a poner en jaque a los propietarios con una proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda que propondrá sanciones de hasta 900.000 euros por no aplicar en los contratos de alquiler de vivienda de zonas tensionadas los límites en el precio que establezca la Administración.
Considerar a una CCAA, capital o un barrio como "zona tensionada" es la excusa que utiliza la izquierda para limitar los precios de los alquileres en toda España y, en este caso, el PSOE se niega a incluir la Ley de Vivienda dentro de la ley de Presupuestos.
Preguntada por si la subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) se queda corta ante la elevada tasa de inflación, Díaz ha pedido que no se vinculen ambas cosas y ha recordado que en diciembre volverá a sentarse con los agentes sociales para subir el SMI, pero en una senda distinta a la del IPC, pues el objetivo es llegar al 60% del salario medio a final de la legislatura. En todo caso, Díaz cree que debería debatirse sobre los salarios que se pagan en España, pues un país con sueldos bajos "no puede ser un país sólido. "Cualquier renta salarial europea es superior, aunque es cierto que tiene mayor PIB. La gente ya no es mileurista, es menos que eso", ha lamentado.