El macroplan energético del Gobierno para bajar el recibo de la luz sigue sumando detractores y la lista de efectos perniciosos que podría provocar en el sector se multiplica. Este viernes, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha alertado de que las medidas de Teresa Ribera dejan a las compañías eléctricas españolas en una situación de "desventaja competitiva" frente a sus competidoras europeas.
En un demoledor informe, la calificadora de riesgos avisa de que la idea de expropiar los beneficios de las compañías supone un impacto en la "predictibilidad" del marco regulatorio español debido a la "interferencia política".
"La falta de intervenciones similares en países vecinos empeora el posicionamiento relativo del marco regulatorio español. Las eléctricas españolas se han quedado en una desventaja competitiva en comparación con sus pares europeos", ha alertado la agencia.
La valoración de Fitch se refiere sobre todo a las dos medidas del Gobierno que afectarán a las ganancias de la empresa. Por un lado, la devolución de los "beneficios extraordinarios" que las eléctricas obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan. El Ejecutivo estima este importe en 2.600 millones de euros.
Por otro lado, las medidas para actuar sobre los denominados "beneficios caídos del cielo" de la energía nuclear e hidráulica, que el Gobierno estimaba inicialmente en 1.000 millones pero que finalmente rebajó a 625 millones. Fitch ha alertado de que "históricamente" siempre ha considerado el marco regulatorio energético de España como "menos robusto" que del a mayoría de países europeos en relación a su independencia, transparencia y predictibilidad.
Para la calificadora, estas nuevas medidas son negativas porque "desafían" el diseño de mercado marginalista de la UE, distorsiona la competitividad de las productoras de electricidad españolas y "compromete" la consecución de los objetivos de transición energética del país.
El impacto económico total de estas medidas, de acuerdo a los cálculos de Fitch, será soportado sobre todo por Iberdrola y Endesa, que asumirán un 39% y un 36% del impacto. Por detrás se sitúan Naturgy (8%), EDP (3%) y Acciona (1%).
S&P avisa de que se perderán inversiones
El informe publicado hoy es el segundo consecutivo que se publica por parte de una agencia de rating contra las medidas del Gobierno contra las eléctricas. Ayer jueves, S&P Global avisó de que las reformas amenazaban con ralentizar los objetivos de transición energética e incluso valoraba la posibilidad de que las empresas decidieran reducir sus inversiones en España por la "incertidumbre regulatoria".
S&P también ha señalado que España ha sido el único país europeo que ha adoptado unas medidas de este tipo, mientras que el resto ha preferido reducir los impuestos de la factura de la luz o proporcionar subsidios a hogares vulnerables.
Según los cálculos de S&P, estas dos medidas supondrán un impacto en el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Iberdrola de hasta 1.470 millones, mientras que para Endesa alcanzará un máximo de 1.150 millones y para Naturgy se situará en torno a los 340 millones. El Ebitda de EDP se verá afectado negativamente hasta en 100 millones de euros.
La calificadora de riesgos ha calificado como "crítico" el impacto de estas medidas en la confianza de los inversores en España. "La incertidumbre regulatoria procedente de las acciones del Gobierno podría llevar a que ciertas empresas eléctricas revisen su asignación de capital en España", ha avisado S&P.
"Las nuevas medidas penalizan a las empresas que han empezado a invertir en producir electricidad más limpia, como la procedente de la hidroeléctrica, la nuclear o las renovables", subraya la firma en su informe. También considera que las medidas adoptadas podrán hacer que las plantas nucleares no sean rentables, poniendo "en cuestión" la capacidad y el incentivo económico de sus propietarios para operarlas.
Iberdrola paraliza proyectos
De hecho, los pronósticos de S&P, no van nada desencaminados, ya que Iberdrola ha sido la primera en paralizar proyectos renovables por la bajada de su rentabilidad.
"Como resultado de un primer análisis sobre el impacto que el RDL 17/2021 tiene respecto a la rentabilidad de instalaciones renovables, Iberdrola ha decidido paralizar los procesos de licitación en curso de bienes y servicios asociados a la construcción de nuevos proyectos renovables en España, hasta haber llevado a cabo una evaluación en detalle de la viabilidad económica de dichos proyectos", explica una comunicación de la compañía a sus proveedores a la que ha tenido acceso Libre Mercado.