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EDITORIAL

Ley de Vivienda: Sánchez cede ante el chavismo liberticida de Podemos

Esta fechoría ha de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por quienes no quieran que España acabe convertida en la primera república bolivariana de Europa.

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Está visto que Sánchez Pedro es capaz de ceder en cualquier cosa con tal de seguir en la Moncloa: sólo veinticuatro horas después de que Podemos constatase por boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el rechazo socialista a la inconstitucional pretensión de los comunistas de fijar el precio de los alquileres, el presidente del Gobierno ha accedido este martes a obligar a los "grandes propietarios" a bajar los precios y a los "pequeños" a congelarlos, cerrando así el acuerdo sobre la Ley de Vivienda, con la que Sánchez quiere asegurar el sí de Podemos a los Presupuestos Generales del Estado.

Se supone que, en cualquier sociedad libre, al arrendador y al arrendatario les asiste la posibilidad de negociar libremente el precio del alquiler. Pues bien, el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno social-comunista constituye una cuasi expropiación de ese derecho, dado que dicta una arbitraria congelación o reducción de los precios.

Por si este alarde de demagogia propia de regímenes como el chavista fuera poco, socialistas y comunistas han acordado la aprobación de un bono vivienda de 250 euros mensuales –a cargo del saqueado contribuyente– para jóvenes de entre 18 y 36 años.

El acuerdo al que han llegado socialistas y comunistas desincentivará la inversión en la construcción de viviendas y la puesta en alquiler de las ya existentes, al arrebatarse a los propietarios la elemental libertad de negociar los contratos. Y eso por lo hablar de la benevolencia o directamente la complicidad del Gobierno con los okupas y los inquilinos morosos. La puesta en alquiler de una vivienda va a acabar siendo cosa de suicidas.

Si el Gobierno quiere abaratar los alquileres o el precio de la vivienda sin atentar contra los derechos más elementales, que liberalice el mercado del suelo urbanizable y los contratos de arrendamiento y se vuelque en garantizar el derecho de propiedad. Lo que pretende sacar adelante, en cambio, es demagogia de la peor especie, una fechoría que ha de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por quienes no quieran que España acabe convertida en la primera república bolivariana de Europa.

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