El equipo de gobierno compuesto por PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Palma del ayuntamiento de Palma de Mallorca procederá a subir el impuesto de bienes inmuebles (IBI) hasta un 150% a las viviendas vacías en el marco de la ley de vivienda que pretende impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez.
Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, Alberto Jarabo, siendo el primer ayuntamiento en pronunciarse en este sentido ya que se trata de un impuesto de carácter municipal. Afirma que, una vez aprobada esta ley, estudiarán el "margen" que tienen desde el ayuntamiento "para aplicar estas medidas con el fin de afrontar la situación actual y posibilitar que colectivos como los jóvenes puedan emanciparse o facilitar el pago del alquiler para poder disponer de una vivienda digna". Todo ello a través tanto de un impuestazo a los grandes tenedores con viviendas vacías como de la limitación de los precios del alquiler en las zonas de la ciudad que se consideren tensionadas. Jarabo ha hecho hincapié en que tanto este impuestazo del IBI a las viviendas vacías como la limitación del alquiler son reivindicaciones del propio ayuntamiento.
Sin embargo, y como ya explicamos en Libre Mercado, los conceptos de grandes tenedores y de vivienda vacía son muy ambiguos. Respecto a este último, el Instituto Nacional de Estadística (INE) entiende como vivienda vacía aquella que "no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie", sin especificar algo tan fundamental como el tiempo que debe estar desocupada para considerarse como tal.
Además de esto, el INE no solo incluye los inmuebles vacíos o abandonados de forma permanente, sino también aquellos que bien están en el mercado de venta o alquiler sin ser vivienda principal ni secundaria, bien se encuentran en condiciones inhabitables y ruinosas.
En cuanto a los grandes tenedores, su definición no dispone de un marco homogéneo en España. Hasta ahora se considera así a la persona física o jurídica propietaria de 10 o más inmuebles –sin tener en cuenta trasteros y garajes– o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Sin embargo, la propuesta de Unidas Podemos reduciría a 5 el número de propiedades necesarias para la nueva ley.
Fuera de Palma, desde otros ayuntamientos como Madrid, con Martínez-Almeida a la cabeza, y Alicante, presidido por Barcala, se han mostrado contrarios a aplicar estas medidas.