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Holanda abochorna a PSOE y Podemos: así es su plan para favorecer el alquiler

La excesiva tributación que enfrenta el sector ha impedido la construcción de 93.500 viviendas y elevado significativamente los precios.

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El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

La excesiva tributación que enfrenta el sector ha impedido la construcción de 93.500 viviendas y elevado significativamente los precios.
Uno de los canales de Ámsterdam, en Holanda | David Alonso Rincón

El gobierno de Holanda, en funciones desde el pasado mes de enero, está preparando la supresión del tributo que grava los ingresos de aquellas entidades propietarias de un gran número de inmuebles dedicados al alquiler social, entendiendo como tal aquellos arriendos cuyo precio máximo es de 750 euros mensuales.

Precisamente ahora que la ciudad de Berlín acaba de celebrar un referéndum con el que las fuerzas de izquierda pretenden impulsar la expropiación de más de 200.000 viviendas, en Holanda hacen todo lo contrario y exploran políticas de oferta, con medidas liberales orientadas a mejorar el funcionamiento del mercado de la vivienda.

Según los datos que maneja el Ejecutivo de Mark Rutte, acabar con esta tasa supondría un ahorro de 1.800 millones de euros anuales. Los beneficiarios serían los propietarios que, a fecha de hoy, están pagando el gravamen, un grupo donde entran todas las empresas o personas que posean más de 50 viviendas.

Resultados desastrosos

La evidencia empírica muestra que introducir este gravamen tuvo resultados muy negativos para el mercado de la vivienda:

- Holanda tiene un déficit de vivienda estimado de 300.000 pisos.

- Las empresas dedicadas al arriendo social han frenado su ritmo de crecimiento, construyendo cada vez menos casas para este fin.

- Las listas de espera para acceder al alquiler social han crecido, expulsando a más personas al alquiler de precio libre, segmento en el que el precio medio se ha incrementado casi un 80% desde 2013.

- El sector está invirtiendo menos en mantener y renovar las viviendas existentes, resultando en su deterioro.

De hecho, según un estudio de la firma de consultoría Companen, este tributo ha hecho que el sector enfrente un sobrecoste de 16.000 millones desde el año 2013, lo que ha impedido la construcción de 93.500 viviendas más y ha subido los precios del alquiler en una media de 70 euros mensuales.

Aunque la rebaja fiscal aún se está negociando, todo apunta a que los presupuestos de 2022 incorporarán finalmente esta medida, puesto que hay un amplio espectro de agrupaciones políticas que la respaldan, incluyendo aquí a distintas formaciones de izquierdas.

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