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La avalancha regulatoria es ya el segundo mayor problema para hacer negocios en España

Así se desprende de la encuesta anual del Círculo de Empresarios, que refleja el creciente hartazgo del empresariado con el gobierno de Sánchez.

Así se desprende de la encuesta anual del Círculo de Empresarios, que refleja el creciente hartazgo del empresariado con el gobierno de Sánchez.
La avalancha normativa asfixia a las empresas españolas | Pixabay/CC/Geisteskerker

La Encuesta Empresarial que elabora el Círculo de Empresarios llega a su edición de 2021 con la economía en una situación muy complicada. Del sondeo se desprende el rechazo generalizado del empresariado nacional a las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez, así como la preocupación por diversas cuestiones de política económica.

En lo estrictamente referido a la factura económica de la crisis sanitaria, la encuesta revela un claro rechazo a las medidas desplegadas por Moncloa:

- El 88,6% señala que el impacto de la pandemia en la actividad económica ha sido "alto" o "muy elevado", en marcado contraste con un 5% que señala que la incidencia ha sido "baja" o "nula".

- El 79,2% piensa que la gestión de la crisis sanitaria y económica por parte del gobierno ha sido "mala" o "deficiente", frente a apenas un 9,9% que la valora como "buena" o "adecuada".

- El 73,6% respalda los ERTE como un instrumento "eficaz" o "muy eficaz", mientras que un 59,5% opina lo mismo de las Líneas ICO. En cambio, las prestaciones por cese de actividad, las subvenciones directas y el ingreso mínimo vital solo obtienen el respaldo del 29,2%, el 27,4% y el 18,4%, respectivamente.

En lo tocante a los fondos del "rescate" europeo, previstos para 2021 y 2022, la tónica también es de recelo ante los planes del Ejecutivo:

- El 89,7% considera necesario que un comité asesor independiente participe en las decisiones de gasto asociadas a dicho programa.

- Un 95,9% pide que el sector privado esté directamente involucrado en la selección de los proyectos a los que se asignarán tales fondos.

Además, cuando se pregunta por los factores que lastran la competitividad económica, emergen muchas cuestiones que no parecen estar en la agenda del gobierno:

- El 86,8% critica la poca calidad institucional, convertida en el primer factor identificado por los empresarios como un obstáculo para la competitividad de nuestro país.

- Un 82,7% alerta sobre la carga regulatoria, que se confirma como el segundo aspecto más problemático para hacer negocios, tras años de creciente inflación legislativa.

- El 67,5% lamenta la falta de seguridad jurídica, un porcentaje muy similar al 66,7% que critica la falta de independencia judicial. Estos dos problemas serían el tercero y cuarto más grave, respectivamente.

- Un 65,4% opina que la "Marca España" está tan deteriorada que ya supone el quinto problema más relevante para la competitividad.

- El 60,4% piensa que no se toma en cuenta cómo afectan las legislaciones aprobadas a los distintos grupos económicos y sociales. Esa falta de evaluación sería el sexto obstáculo identificado por el sector empresarial.

- Un 52,4% recalca que la economía sumergida es un lastre para consolidar una economía más sólida, de modo que hablamos del séptimo factor más problemático, según el sondeo.

El Círculo de Empresarios también pregunta por el impacto sobre la economía de las medidas fiscales. El 80,3% piensa que el nuevo impuesto sobre las transacciones financieras tiene una incidencia "negativa" o "muy negativa". Este porcentaje es casi idéntico al 80% que carga contra el aumento del Impuesto de Sociedades. Además, un 69,5% carga contra el impacto de la subida del IRPF sobre las rentas altas, mientras que un 66,3% piensa esto mismo del repunte del Impuesto sobre el Patrimonio. El rechazo a la Tasa Google o el Impuesto al Plástico es algo más bajo (49,5% y 38,8%, respectivamente).

Otras medidas de política económica que también despiertan el rechazo mayoritario de los empresarios son las nuevas regulaciones con las que se pretende intervenir los precios del alquiler (el 79,5% piensa que tendrán un impacto "negativo" o "muy negativo") o la subida del salario mínimo (que recibe el correctivo del 71,6% de los empresarios).

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