El servicio de estudios del Parlamento Europeo produce anualmente un estudio en el que evalúa la configuración del Impuesto sobre el Valor Añadido en los distintos países miembros. Dicho documento considera la estructura del tributo indirecto por excelencia, evalúa los costes de cumplimiento y analiza las posibles brechas existentes en materia de recaudación.
Según el estudio en cuestión, el sistema vigente en España es demasiado confuso, puesto que el tipo general, que a priori debería ser de aplicación generalizada, apenas afecta al 47% de la base imponible. En cambio, el 53% restante se reparte entre tipos reducidos (del 10% y el 4%) o exenciones, un porcentaje solo superado por Italia.
Para poner en perspectiva estos datos, es importante señalar que, de media, los países miembros de la UE aplican el tipo general del IVA al 71% de la base imponible, siendo Bulgaria la economía comunitaria donde este porcentaje es más alto, con un 97%. Hay, pues, una diferencia notable entre nuestro país y la mayoría de los socios europeos.
Es importante recalcar que la normativa comunitaria exige que el tipo general del IVA sea de al menos un 15%. En la práctica, todos los países de la UE mantienen un tipo del 20% o superior, salvo Alemania, Chipre y Rumanía, que lo mantienen en un 19%, Malta, que lo fija en el 18%, y Luxemburgo, que presenta el tipo más moderado de la UE, con un 17%.
¿Hacia una mayor simplicidad fiscal?
La teoría sugiere que la fiscalidad debe ser lo más neutral y sencilla posible, para así reducir su incidencia en las decisiones de los agentes económicos. En este sentido, el informe del servicio de estudios plantea dos posibles mejoras del IVA español: la primera consistiría en quitar los tipos reducidos, mientras que la segunda incorporaría tal medida de simplificación y, además, eliminaría las exenciones.
El problema es que, si no se toman medidas compensatorias y se reduce de forma similar el tipo general, este tipo de reformas pueden elevar la recaudación fiscal de forma muy significativa. No en vano, los tipos reducidos generan un ahorro anual de casi 30.000 millones, mientras que las exenciones tienen un impacto de 18.000 millones por ejercicio.
Así pues, una posible medida de simplificación que avance en la neutralidad del IVA pero no eleve la recaudación consistiría en eliminar los tipos reducidos del 10% y del 4% a cambio de una tarifa plana del 15%. Bajo este supuesto, la recaudación sería prácticamente la misma que la obtenida con el actual sistema de tres escalones.
Si, además, se pusiese fin a las exenciones, en aras de una base imponible más ancha y de un mayor grado de neutralidad en el diseño del impuesto, sería posible llevar el tipo único del IVA hasta apenas un 10%. Sin embargo, esta mejora chocaría con el "suelo" del 15% que exige la normativa comunitaria, de modo que sería imposible sacar adelante una propuesta de este tipo, debido a las regulaciones europeas en vigor.