Nada de lo que apuntaremos en este artículo es novedad. De hecho, no ha cambiado en años. Además, todos los trabajadores de España deberían saberlo. La información aparece en su nómina y apenas tendrían que echar unas pocas cuentas para ser conscientes de ello. Sin embargo, lo que llamaremos en este artículo "sueldo bruto real" (para diferenciarlo del "sueldo bruto legal") es uno de los grandes desconocidos de nuestro país.
Es tan desconocido que desde hace años circula entre algunos economistas liberales una propuesta para sacarlo a la luz. Muchos creen que debería ser el primer paso para reducir el tamaño del Estado. No hablamos de bajar tal o cual impuesto. Ni reducir una partida del presupuesto. Es mucho más sencillo: cambiar la definición de "sueldo bruto" para que incluya también las cotizaciones sociales que paga el empleador.
Además, podría darse un segundo paso. Esta segunda parte de la propuesta sería todavía más complicada de aprobar. Consistiría en obligar a las empresas a pagar el sueldo íntegro unos días antes de que termine el mes (por ejemplo, el día 25) y que luego sea el trabajador el que realice dos transferencias a Hacienda (¿el día 30?), una por el IRPF y otra por las cotizaciones. Los partidos políticos hacen continuamente promesas de transparencia y de informar mejor al ciudadano. En los últimos años se han multiplicado las propuestas para entregar el usuario de los servicios públicos una "factura en la sombra" por el coste incurrido. Pues bien, esta idea de informar de lo que recibe puede completarse con un detalle de lo que paga. ¿Información? Si confiamos en los ciudadanos, cuanto más, mejor.
Más allá de este debate, este artículo se centra en los costes laborales reales. Que esta semana han estado muy de moda, de nuevo, por la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de aprobar un recargo de 0,6 puntos (se subió desde el inicial 0,5) en las cotizaciones de empresarios y trabajadores. La idea sería repartir el nuevo impuesto entre las dos partes. Aunque numerosos economistas ya han alertado de que al final todos los costes son salario y los asume el mismo: el trabajador.
Y ésta es una idea clave: cuando una empresa contrata un nuevo empleado, el reparto entre "impuestos-sueldo neto" no le interesa especialmente. La suma que hace es "cuánto me costará este empleado". Para el empleador, no hay diferencia si, tras contratarlo, suben los impuestos y a ese trabajador le llega menos a la cuenta bancaria; o si bajan esos tributos y el neto es superior.
Esto no quiere decir que las subidas o bajadas de impuestos no repercutan en el empleo total. Al hacer una nueva contratación, la empresa calculará a cuánto le sale el nuevo empleado y dirá: "Te pago 3.000€ en total". El problema es cuando al trabajador esos 3.000 se le convierten en 1.800 en el neto que recibe en su cuenta bancaria. Entonces puede que no le salga rentable coger ese empleo o prefiera buscar en otro país en el que reciba más neto por una ocupación similar.
O, si lo miramos en términos internacionales y de competencia: imaginemos una empresa española que paga un neto de 1.500 soporta un coste de 2.700 euros, mientras una irlandesa que paga los mismos 1.500 de neto soporta un coste de 2.400. Es fácil ver que la empresa extranjera está en mejor posición competitiva que la española: puede (1) subir sueldos netos para atraer talento y mejores trabajadores o (2) bajar precios para aumentar su cuota de mercado.
Es verdad que España no es uno de los países europeos con la brecha fiscal al trabajo más elevada, una clasificación que en Europa lideran Francia, Italia, Bélgica, Alemania... Pero tampoco está entre los que la tienen más baja. En realidad, si lo comparamos con nuestros salarios y productividad, podríamos decir que estamos en la parte medio-alta de la tabla. Y eso si miramos sólo a la UE, la región con los impuestos más elevados del mundo. Las recomendaciones de los diferentes grupos de expertos que han analizado el sistema tributario español han apuntado, de forma mayoritaria, a un cambio en los pesos: si se quiere mantener la recaudación, la idea sería reducir en lo posible impuestos directos al trabajo (cotizaciones e IRPF) y subir los impuestos al consumo (más impopulares pero que distorsionan menos, sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado laboral). Pero los mismos gobiernos que han pedido esos informes luego los han guardado en el cajón cuando se los han entregado.
El desglose
A partir de aquí, el desglose desde lo que cuesta un trabajador medio, con contrato indefinido, a su empresa (en este enlace del Ministerio, las bases y tipos de cotización para 2021).
Para simplificar los cálculos, hemos tomado una cifra redonda para el coste total de 3.000 euros al mes en doce pagas. De ella saldrá un salario cercano al sueldo medio para una jornada a tiempo completo (28.412 euros al año, según la última Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE con datos de 2019).
1. Sueldo bruto real = coste total que paga el empresario = 3.000 euros
2. Coste en cotizaciones sociales "a cargo de la empresa":
- Contingencias comunes - 23,6% del "sueldo bruto legal"
- Prestaciones por desempleo - 5,5%
- Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional (depende del puesto de trabajo, tomaremos aquí un nivel bajo, correspondiente a actividades administrativas y de oficina) - 2,05%
- Formación Profesional - 0,6%
- Fogasa - 0,2%
- Total cotizaciones a cargo de la empresa: 31,95% del "sueldo bruto legal"
3. "Sueldo bruto legal" = el que aparece en la nómina una vez descontados los costes anteriores = 2.273€ al mes
4. Coste en cotizaciones sociales e impuestos "a cargo del empleado"
- Contingencias comunes - 4,7%
- Desempleo - 1,55%
- Formación profesional - 0,1%
- IRPF (esto puede variar según diferentes circunstancias; vamos a hacer un cálculo aproximado con un tipo del 12%) - 12%
- Total coste en impuestos "a cargo del empleado": 18,35% del "sueldo bruto legal"
5. Sueldo neto tras descontar los costes del anterior epígrafe: 1.856 euros
Resumen del ejemplo: el empleador paga por este trabajador 3.000 euros al mes, pero al empleado le llegan a su cuenta bancaria un total de 1.856 euros (casi un 40% menos). ¿Mucho? ¿Poco? Eso ya es objeto de debate. Desde posiciones más liberales, lo habitual es pedir una rebaja en esos impuestos al trabajo. Enfrente, los economistas socialdemócratas defenderán que esos impuestos son necesarios para sostener el estado del bienestar y los servicios públicos. Pero ese debate es el segundo paso; el primero es que todos los implicados conozcan los costes reales.
En este sentido, la definición de "sueldo bruto" que ahora mismo rige en España se antoja bastante tramposa. Uno escucha "sueldo bruto" y piensa en el coste total. Luego mira lo que se llama "neto" y asume que entre el primero y el segundo se han descontado los impuestos correspondientes. En realidad, no es así. Como hemos explicado, el "sueldo bruto legal-oficial" excluye una parte importantísima del coste final de un trabajador, de cerca del 30% de ese coste. La pregunta es por qué algo tan sencillo como informar al empleado de cuál es su salario bruto real no se pone en práctica. Es cierto que desde hace unos años las nóminas incluyen un apartado con los costes empresariales; no lo es menos que el bruto que el trabajador percibe como su salario total sigue reflejando los mismos conceptos que hace una década.