El Gobierno quiere obligar a las empresas a informar al Ministerio de Trabajo de sus ofertas de empleo, obligar a comunicar todas las vacantes que se produzcan en las plantillas de las compañías, ya sean grandes, pequeñas o autónomos. Esta nueva ocurrencia controladora se nos presenta como algo inocuo e inofensivo. Nos lo venden como una medida destinada a crear un gran portal de ofertas de trabajo global en las que se recojan todas y cada una de las plazas vacantes y facilitar, así, la búsqueda de empleo.
No parece que la medida haya levantado mucho revuelo. No me consta que las organizaciones empresariales hayan realizado declaraciones al respecto y tampoco he leído ninguna crítica por parte de las empresas de trabajo temporal. Los medios de comunicación se han limitado, tan solo, a apuntar la carga burocrática que la medida podría entrañar para las empresas, quedándose tan solo con el aspecto formal pero sin entrar al fondo de la cuestión.
El mercado laboral español ya tiene demasiadas rigideces, es un mercado esclerotizado, así que una nueva obligación, por muy bienintencionada que nos la quieran vender, no es más que una traba adicional al ya recargado marasmo regulatorio que encorseta a los empleadores.
Por otro lado, las elevadísimas tasas de desempleo que sufre España no van a reducirse lo más mínimo creando este registro público obligatorio de ofertas de empleo, sino aligerando la hiperregulación que pesa sobre las relaciones laborales, reduciendo las cotizaciones que gravan el empleo y suprimiendo los subsidios que desincentivan el trabajo.
Así que, si este nuevo organismo, llamado Agencia Española de Empleo, no va a crear más empleo ni ayudar a cubrir las vacantes existentes, ¿cuál es el verdadero propósito que se esconde tras su creación? Porque nada de lo que hace este Gobierno es casual, ni inocente. Lo que se busca es controlar las ofertas de empleo e interferir en los procesos de selección, y hoy cuenta con el big data para poder hacerlo de manera bastante sencilla. Hasta ahora las empresas solo tienen la obligación de informar y registrar los contratos de trabajo una vez estos ya han sido firmados, es decir, de informar a toro pasado de sus decisiones de contratación. Con la imposición de la obligación de notificar las ofertas de empleo se está adelantando la intervención del Ministerio de Trabajo a una fase distinta del proceso, a una fase anterior que posibilita la injerencia del Gobierno —directamente o a través de los sindicatos— en la toma de la decisión de la empresa y de sus departamentos de recursos humanos sobre qué persona contratar. Dicha interferencia podría adelantarse aún más, a una fase anterior: el propio diseño de la oferta y la elaboración del perfil del candidato. En definitiva, corremos el riesgo de que la ideologización y politización que hoy todo lo perturba e invade, se adentre en un nuevo campo: el de la selección de personal.
A partir del momento en el que se instaure la obligación de informar al Ministerio las ofertas de trabajo, este puede sugerir —cuando no decidir— si la oferta que uno hace se adapta a los criterios de idoneidad que el Gobierno decida en cada momento, bien en cuanto a la modalidad contractual ofertada —temporal o fijo, jornada completa o parcial, para menores o mayores de determinada edad, etc.—, lenguaje empleado adaptado a la ideología de género, retribución, horario y demás condiciones de la oferta de trabajo. Pero además, a partir de ese momento, el Gobierno y los sindicatos podrán interferir en el proceso de selección propiamente dicho, condicionando la decisión sobre la persona a contratar. Así, el Gobierno podrá adelantarse y establecer reservas de empleo en las ofertas de trabajo para los perfiles que ellos decidan —denunciantes de violencia doméstica, sexo, inclinación sexual, edad, raza, nivel de estudios o cualesquiera distintivos identitarios que les plazca—, exigir la intervención de los sindicatos en los procesos de selección e incluso "influir" —sutilmente o no— en la decisión final sobre el candidato a contratar.
Quizás a alguno le parezca que soy muy alarmista, que no hay nada de malo en crear una gran plataforma pública de ofertas de empleo controlada por el Gobierno. Pues bien, a esos les digo que no sean ingenuos: ningún Gobierno —y este menos que cualquier otro— "da puntada sin hilo" y este es un paso más en la injerencia del Estado totalizador en todos y cada uno de los ámbitos de la vida, la sociedad y la economía.