Aunque la pseudo reforma del mercado laboral planteada finalmente por el PSOE y Podemos contenga algún lamentable retroceso respecto a la aprobada en tiempos de Rajoy, no es de extrañar que tanto la patronal como la UE le hayan dado finalmente su beneplácito ni que socios del gobierno como Esquerra Republicana o Bildu amenacen ahora con rechazarla acusando al Ejecutivo de "vender humo".
Ciertamente, si dejamos al margen algunos aspectos, como el castigo a la contratación temporal, la vuelta a la ultractividad de los convenios -algo que, no obstante, ya se viene acordando libremente en el 75% de los contratos- o la prevalencia del contrato sectorial sobre el de empresa -únicamente en lo relativo a las tablas salariales-, la cacareada y radical "derogación de la reforma laboral del PP" se ha quedado en un "ligero retoque" que mantiene completamente intacto el grueso de aquella reforma aprobada en 2012. Así, aspectos tan esenciales -y tan criticados en su día por el PSOE y por Podemos- como la rebaja en la indemnización por despido, los cambios en la definición de las causas de despido objetivo, la posibilidad de descuelgue unilateral de la empresa del convenio sectorial o la posibilidad de modificación sustancial de las condiciones laborales de forma unilateral se mantienen tal y como las dejó el PP de Rajoy.
Es más. El único ámbito en que la "reformita" de Yolanda Díaz otorga esa lamentable prevalencia al convenio sectorial sobre el de empresa -el de las tablas salariales- bien puede ser sorteado por la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector que la reforma mantiene en lo relativo a las categorías profesionales, como, afortunadamente, en todo lo demás. Es más. Las posibilidades que tienen las empresas para descolgarse del convenio sectorial a la hora de modificar la jornada anual, los horarios, turnos, funciones de los trabajadores y cambios de centro de trabajo seguirán siendo las mismas que en tiempos de la ministra de trabajo del PP, Fátima Báñez. Y es que el crucial articulo 41 del Estatuto de los Trabajadores -introducido en la reforma laboral del PP- se mantiene con el gobierno social/comunista.
Así las cosas, parece evidente que, tanto el PSOE como sobre todo Podemos han preferido traicionar a sus votantes manteniendo intacto lo que otrora descalificaron como "aspectos más lesivos" de la reforma del PP antes que arriesgarse a perder, no ya el consenso con la patronal, sino, sobre todo, las ayudas de Bruselas, cuyos fondos estaban condicionados a una reforma laboral que no implicase un retroceso y una vuelta a las rigideces laborales anteriores a la reforma del 2012.
Aun así, el gobierno social/comunista sigue teniendo el problema de sus socios más radicales -especialmente ERC- que no están por la labor de aceptar que les den gato por liebre ni a que les vendan humo presentando como "derogación" lo que, ciertamente, no es más que una pequeña reforma de lo que aprobó el PP.
Ciertamente, aunque ni esta reforma de Yolanda Díaz ni aquella de Fátima Báñez sean lo ideal para un diario liberal como este, que aspira a una mucha mayor liberalización de nuestro todavía encorsetado mercado laboral, no se puede afirmar que asistamos a la cacareada y profunda derogación de la legislación laboral del PP anunciada en su día por PSOE y por Podemos ni a la que cabía esperar del Ejecutivo más escorado a la extrema izquierda de la OCDE.
Veremos finalmente en qué quedan las amenazas de ERC. Pero no parece que, en este ámbito tutelado por Bruselas, vayan a haber grandes avances ni grandes retrocesos. Y eso no es una mala noticia teniendo presente la calamidad que constituye este gobierno.