La ministra de Igualdad, Irene Montero, en su cruzada para abolir la prostitución en el marco de la ley del "solo sí es sí", ha señalado que es necesario articular un plan de "reinserción social y laboral" para las mujeres que ejerzan la prostitución, ha señalado en una entrevista en TV3. Por supuesto este plan supondría un gasto público de unos 1.000 millones de euros, según los cálculos de Montero.
Según la titular de Igualdad, "el Estado debe hacer un plan de reinserción social y laboral para las mujeres que quieren salir del contexto de prostitución", es decir, para todas las profesionales del sexo que haya ahora mismo en activo, porque para Montero no existe la prostitución voluntaria.
"Es una prioridad", ha dejado claro la ministra, quien ha hablado de 1.000 millones de euros en tres años según sus cálculos, "una inversión muy grande". Aunque la ministra tiene claro cuánto gasto público se necesita, no ha dado ningún detalle sobre cómo se articularía este plan, complicado de implantar teniendo en cuenta que la situación de alegalidad de la prostitución dificulta que las mujeres puedan acreditar su actividad. También sería complejo demostrar su reinserción, ya que por el momento no hay mecanismos para controlar los pisos particulares donde las mujeres podrían seguir ejerciendo.
Además, según las propias cifras de Montero, un 80% de las prostitutas estaría en situación irregular administrativa, es decir, son inmigrantes ilegales. Esto dificulta enormemente la posibilidad de "reinserción" como Montero pretende, ya que para acceder a cualquier ayuda o trabajo, deberían obtener una autorización de residencia y trabajo en España.
Un tercer problema que podría encontrarse Montero a la hora de implantar este plan millonario es que muchas trabajadoras sexuales no quieren cambiar de actividad. De hecho, durante la entrevista se ha emitido la petición de una escort que reclama a Montero "un paro, una baja, una seguridad social y una jubilación honrosa. No hace falta que nos reinserten en la sociedad", ha remarcado la trabajadora.
"La función del ministerio no es resolver un debate histórico en el movimiento feminista", ha respondido Montero sorteando la cuestión de fondo, la abolición de la prostitución. Para la ministra todo se reduce a la explotación sexual y la trata con fines de explotación, algo que ya está reconocido y castigado en el código penal español.