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El Gobierno propone que el CNI vigile a empresarios extranjeros

Incluye en el borrador del decreto sobre inversiones extranjeras una junta que incluya al CNI y al equipo de seguridad de Sánchez.

El Gobierno propone que el CNI vigile a empresarios extranjeros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE

Quizá una de las primeras decisiones en materia económica que tomó el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los comunistas de Podemos cuando estalló la Pandemia del coronavirus en España fue la de blindar las empresas españolas con fuertes controles a la llegada de inversores extranjeros. El objetivo, decían, era evitar que poderes foráneos se hicieran con empresas estratégicas españolas aprovechando los momentos de debilidad propios de la pandemia.

Así, el Gobierno aprobó una norma al comienzo de la pandemia para evitar movimientos de toma de control de empresas españolas por entidades de fuera de la Unión Europea en sectores considerados estratégicos aprovechando los bajos precios de las acciones como consecuencia de la crisis.

Pero este cerrojazo a la inversión extranjera, que ha sido prorrogado dos veces durante 2021, la última en noviembre hasta finales de 2022, quedó pendiente de un desarrollo legislativo que dotara de seguridad jurídica al capital extranjero con ganas de invertir en nuestro país. Además, a juzgar por la debilidad de nuestras cuentas públicas y el deterioro de nuestro tejido productivo, la llegada de capital extranjero no es precisamente una cuestión secundaria.

Ese desarrollo legislativo todavía no ha llegado. Apenas se ha quedado en un borrador presentado a finales del año pasado (hace unas semanas) elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero que es posible que no termine de ver la luz hasta el próximo verano, siendo optimistas.

Quizá lo más llamativo de este borrador es el extraordinario poder que otorga la norma al presidente del Gobierno, quien tendría información de primera mano por dos vías exclusivas. Lo tendría a través de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano que coordinaría el análisis de las operaciones corporativas de empresas extranjeras en España y que aglutina representantes de todos los ministerios. Y lo tendría a través del CNI, esta junta también daría entrada al Centro Nacional de Inteligencia, que preside Paz Esteban, tal y como recoge el borrador. Además, en Exapnsión añaden que habrá un representante de la dirección operativa del departamento de seguridad nacional de Presidencia del Gobierno, dirigido actualmente por el general Miguel Ángel Ballesteros y que trabaja en el denominado búnker de Moncloa.

Estos dos vocales vendrían, literalmente a espiar los intereses extranjeros en España y despacharían directamente con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. La justificación que dan fuentes conocedoras de las negociaciones para la redacción de este borrador, y que cita el diario Expansión, es el temor de que países como China o Rusia quieran tomar posiciones estratégicas en España que les den acceso a tecnología, datados, secretos militares o infraestructuras críticas. Quizá uno de los ejemplos más llamativos es el de Red Eléctrica, que esa junta acordó en diciembre la venta del 49% de su filial de fibra óptica al fondo americano KKR por 971 millones.

Además, el borrador otorga a Jinvex poderes especiales de investigación para "recabar de cualquier administración, órgano, entidad u organismo público, así como de cualquier persona física o jurídica privada, la información que precise para el ejercicio de sus competencias".

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Fragmento del Borrador en el que se decide la suspensión de libertad de mercado

Además, el Gobierno en el anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional que acaba de llegar al parlamento se contempla la posibilidad de suspender el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional.

¿Seguridad jurídica?

El poder de arbitrariedad que conceden estos borradores a los deseos de Moncloa es tan alto que una de las dudas que suscita es si esto aporta mayor seguridad jurídica a los inversores extranjeros que quieran establecerse en España o adquirir capital de empresas nacionales, o, al contrario, genera mayores recelos.

Hace años, durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya se vivió un capítulo que permite dudar del uso que el Gobierno de la nación haga de sus espías en el ámbito empresarial. Fue la OPA a Endesa y uno de sus episodios más sonados –más allá de la denuncia de intrigas palaciegas con medios de comunicación y la oficina económica de Moncloa- fue el de la detención del escolta de Manuel Pizarro cuando era presidente de Endesa por dos espías del CNI.

Sucedió el 13 de junio de 2007. Dos espías interceptaron el coche del escolta privado de Pizarro, que se había dado cuenta del seguimiento y había fotografiado al coche que le seguía. Los agentes del CNI detuvieron el vehículo y requirieron las fotografías identificándose como miembros del Centro Nacional de Inteligencia, constatando el seguimiento a empresarios de este órgano de seguridad nacional.

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Sin embargo, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su presidente, Rodrigo Buenaventura, ha pedido que se permita la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras, suspendida en la pandemia en sectores estratégicos, una vez normalizada la situación de las bolsas.

Buenaventura insistía en el valor de la inversión extranjera para afrontar la recuperación de la economía y permitir a los accionistas beneficiarse de las primas que se suelen pagar al presentar ofertas de compras u otras operaciones de control de las empresas.

La apertura internacional es "un valor en sí mismo" desde el punto de vista del mercado y los accionistas e inversores, decía.

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