El Gobierno ha aprobado esta semana un cheque asistencialista para, supuestamente, facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda en alquiler. El Ejecutivo social-comunista gastará 200 millones de euros en una paguilla de 250 euros para individuos de entre 18 y 35 años que tiene todas las trazas de convertirse en un auténtico fiasco aun antes de implementarse. Los efectos secundarios de esta medida populista, injusta, contraproducente, serán muchos y muy variados, y desde luego no solucionará el gran problema de fondo: la dificultad del acceso a la vivienda para ese sector de la población.
El primero de los desatinos de esta subvención que se otorgará a los jóvenes que tengan unos ingresos inferiores a los 24.318 euros anuales es que sólo se concederá para alquileres que no superen los 600 euros al mes, lo que implica excluir de facto a los residentes de las grandes ciudades, especialmente a los de Madrid y Barcelona, donde esos precios son prácticamente inencontrables. Por tanto, el Gobierno estará dejando fuera de su plan a los lugares donde el del alquiler es un problema acuciante. Ver para creer.
Otro de los despropósitos tiene que ver con el escaso número de beneficiarios reales que tendrá ese nuevo alarde de compromiso social de la banda de Sánchez y Díaz: entre 50.000 y 70.000 personas. Es decir, sólo el 2% de los jóvenes emancipados podrá acceder a una subvención que, así las cosas, tiene más pinta de lotería.
Tampoco se puede obviar la evidencia de que subvencionar el alquiler con instrumentos asistencialistas de esta naturaleza provoca que sean los propietarios los que absorban hasta el 80% del subsidio, en forma de subidas de precios. Y es que, como es lógico, si el casero es consciente de que sus inquilinos cuentan con ese regalo extra del Estado, no dudarán en trasladar la cuantía directamente a las rentas.
Eso sí, los dueños de las viviendas también pueden encontrarse con una trampa si aceptan como inquilinos a beneficiarios de esta ayuda. La razón es que el Ejecutivo solo dispensará el cheque durante dos años, mientras que Sánchez, en su afán por expropiar el derecho de propiedad, ha establecido por ley que los alquileres duren cinco años forzosamente. Por tanto, una vez desaparezca la ayuda, los receptores del bono joven se encontrarán con serias dificultades para seguir pagando la renta.
El remate de esta ayuda lo pondrá Hacienda, pues se estima que cerca de un 40% de los beneficiarios verán aumentar su factura fiscal en la declaración de la renta del año siguiente. Todo un disparate.
Lo único que puede hacer el Gobierno para bajar los precios del alquiler es aplicar políticas de oferta (agilización de licencias, rebajas de impuestos...) que aumenten el número de viviendas en el mercado, y es lo único que no ha hecho. Las subvenciones finalistas y las políticas intervencionistas de control de precios que practica Sánchez están abocadas al fracaso porque asfixian precisamente esa oferta escasa o, en el mejor de los casos, caen en saco roto.
Además, el Ejecutivo debería saber que el problema de los jóvenes españoles no es la edad a la que se emancipan, sino el paro, que es el más alto de Europa y lo que les impide mantener económicamente su propio hogar. Con una tasa de empleo juvenil que ronda el 40%, el bono de Sánchez y Díaz supone un insulto a todos esos jóvenes a los que dicen querer ayudar.