¿Dónde está la señora Lagarde? ¿No lee prensa, ni estadísticas, ni habla con agentes económicos y monetarios? Su actitud es causa de que muchas instituciones, originariamente justificadas, incluso necesarias, pierdan su razón de ser.
Un presidente, gobernador, o como se llame, de un banco central no puede contemplar el espectáculo económico actual, de precios en crecimiento a tasas desconocidas desde hacía treinta años, y seguir como si la situación no fuera con él. Si el Banco Central Europeo no tiene como misión asegurar la estabilidad de precios, cuál es su misión. Algunos, desde la inopia, dirán que también puede fomentar el crecimiento económico. Pues, si esto fuera así, también fracasa en el intento.
¡Dejen ustedes a las fuerzas económicas en libertad y competencia eso del crecimiento, que lo hacen mejor! Basta con que no molesten y desincentiven el esfuerzo; déjenlas en libertad, que conseguirán lo mejor para la economía.
En España, el Índice de Precios al Consumo (IPC), del consumo vario que realizan todas las familias, ha crecido en 2021 un 6,5%. Que es tanto como decir que la capacidad para consumir de dichas familias ha disminuido, manteniéndose todo lo demás igual, en un porcentaje equivalente. Y el BCE, con los brazos cruzados.
A aquel hacer todo lo que sea necesario para salvar el euro de Draghi le faltaba un y sólo lo que sea necesario. Aquello ha derivado en un aumento significativo de la cantidad de dinero, que algunos Gobiernos –el español, por ejemplo– han aprovechado para incrementar sus gastos más allá de lo tolerable, y en una subida del IPC.
Si viviera fray Tomás de Mercado (Tratos y contratos de mercaderes y tratantes, 1569), diría que ya lo había advertido: que un aumento de la cantidad de dinero devalúa el mismo, al aumentar los precios. Lo mismo diría, siglos después, la Teoría Cuantitativa del Dinero (Irving Fisher, 1911). Pero puede más la capacidad para despilfarrar de los Gobiernos que la racionalización de decisiones de los bancos centrales.
Los consumidores nos empobrecemos cuando aumentan los precios y se mantienen nuestras rentas. El Estado, por contra, incrementa sus ingresos con la inflación, pues la práctica totalidad de sus impuestos se liquida sobre el valor, por lo que a mayor precio, mayor recaudación. O sea, que el causante del daño es su beneficiario.
Esa generosidad del BCE estimula el gasto de los Gobiernos, endeudando a las naciones que gobiernan, porque tienen asegurada la colocación de la deuda. La deuda pública en España alcanzó en noviembre la astronómica cifra de 1,42 billones de euros (en cifras: 1.420.000.000.000 euros), lo que significa el 121,5% de nuestro PIB. ¿Quién la pagará?
Mientras, la economía no se relanza, aunque Sánchez diga que está de acuerdo con su colega alemán Scholz en materia de disciplina fiscal. Ausente Weidmann, paladín de la misma, nada puede esperarse más que ruina.