Al poco de llegar al poder, Pedro Sánchez se aseguró de tomar el control de RTVE colocando al frente a la comisaria Rosa María Mateo. Poco tiempo después, los medios del formidable ente eran ya un órgano de propaganda al servicio del Gobierno social-comunista capaces de intoxicaciones difíciles de creer hasta en esa casa tan poco ejemplar.
Algo parecido ocurrió con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cuando se empotró en su sala de mandos al fanático José Félix Tezanos, que ha arrastrado por el fango el nombre de la institución con unos sondeos cada vez más impresentables.
El Banco de España también ha sufrido el acoso de la banda de Sánchez. Cuando su servicio de estudios advirtió del impacto negativo que tendría la subida del salario mínimo, la izquierda lanzó una cacería contra su gobernador, Pablo Hernández de Cos. Las hostilidades se han mantenido incluso a pesar de que los datos del mercado de trabajo han dado la razón las advertencias del BE, algo que no le perdonarán los social-comunistas.
La Justicia tampoco se ha visto a salvo del asedio del Gobierno, con todo lo que eso supone para la salvaguardia del imperio de la ley. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, el CGPJ, las principales asociaciones de magistrados… Una tras otra, las diversas instancias del tercer poder del Estado se han visto obligadas a exigir al Ejecutivo que ceje en sus continuas injerencias.
Recientemente, el Tribunal de Cuentas emitió un inaudito comunicado en el que defendió su independencia ante los ataques del Gobierno. Y esta misma semana le ha tocado al Instituto Nacional de Estadística (INE), que se ha visto obligado a publicar un comunicado ante el pábulo que está dando el Ejecutivo a un informe de dudoso rigor en el que se cuestiona la metodología empleada para calcular el IPC.
Como bien subraya el INE, los elementos incluidos en el cálculo de la inflación están homologados por el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas y han sido respaldados por la Oficina Estadística comunitaria, Eurostat. Por descontado, cualquier informe puede cuestionar el trabajo del INE, pero lo que no es de recibo es que el Gobierno deslice la idea de que, en efecto, la inflación está siendo sobreestimada. De hecho, desde el Banco Central Europeo (BCE) se ha advertido en diversas ocasiones que si acaso hay algún problema en el cálculo actual es de subestimación.
Conviene recordar que esta no es la primera pugna del Ejecutivo con el INE. El área económica del Gobierno también ha planteado datos de crecimiento y de evolución del PIB que, en la práctica, suponen un desmentido de la contabilidad oficial que elabora el INE. Nadia Calviño ha llegado incluso a construir una suerte de PIB diario para ocultar el verdadero escenario económico, marcado por la mayor caída de la actividad en 2020 y la menor recuperación en 2021.
No es sorprendente que el PSOE y Podemos actúen de esta forma, concibiendo las instituciones del Estado como su cortijo y usando los recursos de todos para servir a su proyecto político y perpetuarse en el poder. El propio Sánchez ha dejado caer esta misma semana que quiere alargar su mandato, sobrepasando los cuatro años de referencia que dura cada legislatura para seguir mangoneando más allá de 2023.