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Hacienda se mete en tu vida, en tu casa y en tu bolsillo por encima de los tribunales

Los inspectores de la Agencia Tributaria se sirven del miedo que infunden para entrar en negocios y viviendas en busca de infracciones.

Los inspectores de la Agencia Tributaria se sirven del miedo que infunden para entrar en negocios y viviendas en busca de infracciones.
Inspectores de la Agencia tributaria, registrando un negocio | lamoncloa.gob.es

En el repaso "Hacienda, la Stasi de la España del siglo XXI", Libre Mercado recogió una serie de cuatro reportajes en los que se analizaba pormenorizadamente los distintos abusos que comete Hacienda contra el contribuyente español y que la convierten en una suerte de divinidad administrativa todopoderosa, que cuenta con la más moderna tecnología y la más férrea de las voluntades para perseguir el delito fiscal más allá de la propia infracción.

Los medios de Hacienda le permiten vigilarnos en nuestras propias casas y negocios de tal modo que es más difícil que a Hacienda se le escape un euro de descuadre en las facturas de un autónomo que la Policía resuelva el asesinato de Marta del Castillo o los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin castigo. ¡Ay, si el Ministerio del Interior contara con los recursos de la Agencia Tributaria!

Los abusos de la Agencia Tributaria no son algo nuevo, ni tampoco ajenos a los tribunales españoles. El Supremo está cansado de recoger en sus autos los abusos de poder de la Agencia Tributaria.

En este reportaje pretendemos recoger sólo algunas de las actuaciones de Hacienda que expresan de manera más gráfica y directa ese régimen de terror fiscal al que tiene sometido a los ciudadanos.

Hacienda, el ojo que todo lo ve

La primera de esas actuaciones es la recogida de información o datos, a la que obliga la propia Hacienda. Es decir, que los ciudadanos hacemos parte de su trabajo, bajo la amenaza de recibir sanciones y multas en caso de no cumplir con alguna de las 44 declaraciones informativas que contempla. Son los llamados modelos, desde el 038, que requiere información sobre operaciones realizadas por entidades inscritas en registros públicos, hasta el modelo 720, de declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero y que ha tumbado en una dura sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace sólo unos días.

De esta manera, Hacienda traslada a los ciudadanos, a los contribuyentes, su responsabilidad de recabar información. Y además, hace uso de su todopoderosa estructura tecnológica. Mientras los juzgados españoles crían telarañas esperando la digitalización, la Administración Tributaria tiene la última tecnología para no dejar escapar ni un solo dato. Los superordenadores, los cruces de datos, la capacidad de rastreo de cadenas societarias u operaciones vinculadas, son sólo algunas de las virguerías que hace varios miles de veces por minuto las herramientas de Hacienda. Podríamos decir que Hacienda está en todas partes, lo ve y lo escucha absolutamente todo.

Sólo a modo de ejemplo podemos citar cómo desde 2017 está en vigor el suministro inmediato de información que obliga a las empresas a digitalizar sus registros, facturas y libros a través de la sede electrónica de la AEAT, para tener información en tiempo real de la contabilidad de las facturas y la realización efectiva de las operaciones de esas compañías.

¿Qué sabe Hacienda de tu vida?

A través de estas potestades y declaraciones informativas, Hacienda puede conocer y conoce, en qué entidad bancaria tenemos nuestro dinero, cuál es nuestro saldo, qué interés nos genera, en qué comercios compramos, cuánto dinero ahorramos, en qué productos los tenemos invertidos, con quién tengo la hipoteca, a qué tipo la tengo concedida, cuánto me falta por pagar, cuánto gano, qué coche tengo, en qué gasolinera suelo repostar y, por supuesto, conoce los servicios que tengo contratados de internet o telefonía o si tengo una segunda vivienda.

Hacienda se mete, literalmente, en nuestra casa

El sistema de vigilancia de Hacienda, una máquina a la última y muy bien engrasada, le sirve para arrogarse el derecho de presentarse por sorpresa en tu casa. Normalmente lo hace en la sede o domicilio social de una empresa, pero también se ha dado el caso de entrar en viviendas de particulares.

Y aquí es donde entra de manera más evidente la estrategia de terror de Hacienda. En muchas ocasiones los agentes o inspectores se presentan sin la debida autorización judicial. Los juzgados están llenos de casos, pero lo hacen acompañados de la Policía y en la mayoría de las ocasiones, los contribuyentes, aterrados dejan paso a los inspectores que revisan sus ordenadores, papeles y datos sin saber que no están obligados a permitirles el paso.

Otro ejemplo sonado fue cuando Hacienda precintó el restaurante al famoso Chef Sergi Arola. Hacienda sabe que necesita orden judicial para acceder a determinada información pero en muchas ocasiones se presenta sin ella y abusa del poder que ostenta para avasallar al contribuyente.

Tan escandaloso es este comportamiento que la Justicia ha llamado la atención en muchas ocasiones al Fisco. Una de las últimas, cuando el caos de la entrada de la inspección "como la gestapo" en un negocio de Córdoba. Cuatro años después de aquella fatal inspección, el Supremo anulaba el auto judicial que autorizaba la entrada de funcionarios a propiedades privadas "para ver qué encuentran" y con la excusa de que el negocio en cuestión está tributando por debajo de la media de su sector. Aquella sentencia, a la que tuvo acceso Libertad Digital decía:

"No cabe la autorización de entrada con fines prospectivos, estadísticos o indefinidos, para ver qué se encuentra, como aquí sucede, esto es, para el hallazgo de datos que se ignoran, sin identificar con precisión qué concreta información se pretende obtener. No proceden las entradas para averiguar qué es lo que tiene el comprobado".

Pero, pese a la contundencia del Supremo, ¿ha dejado Hacienda de comportarse de esta manera? En absoluto. Como la infracción no conlleva pena para el inspector y mucho menos para la propia Agencia Tributaria, el Fisco sigue entrando en negocios valiéndose del terror que infunde y sabedor de que la inmensa mayoría de contribuyentes preferirá colaborar y pagar un poco en caso de que sea necesario, con tal de no prolongar juicios eternos en el tiempo contra un contrincante al que le da igual perder, mientras que el contribuyente carga con el carísimo coste del recurso.

Y así procede Hacienda casi de manera sistemática, porque pese al hecho de que las sentencias del Supremo, que sientan jurisprudencia, limiten la acción de la Agencia Tributaria, ésta sigue saltándose las normas sabedora de que en la mayoría de las ocasiones conseguirá su propósito y en las pocas veces que los tribunales le quiten la razón, sólo tendrá que cerrar un expediente y abrir el siguiente. En resumen, Hacienda gana, incluso cuando pierde.

En el caso del negocio cordobés que tuvo la audacia de recurrir ante el Supremo, el proceso se prolongó durante 4 años de peregrinación en el desierto. Un procedimiento judicial en el que el negocio se gastó el dinero en abogados y recursos, mientras que Hacienda se gastó el dinero de los contribuyentes.

¿Prevarica Hacienda?

Esta actitud de la inspección de Hacienda, así como la sistemática revisión al alza de impuestos ya satisfechos, como sucede tras la compra de un bien inmueble, chocan con la jurisprudencia del Supremo y los tirones de orejas que ha dado a la Agencia Tributaria.

Por eso, cuando Hacienda sigue entrando en domicilios sociales sin orden judicial, o con orden judicial simplemente para ver qué encuentra, o cobra indebidamente un impuesto que ya había cobrado porque considera que un contribuyente compró una casa a un precio inferior al que marcaba alguna tasación del momento, o sanciona a un contribuyente por la declaración informativa del modelo 720, a sabiendas de que la Justicia europea se ha pronunciado en su contra en innumerables ocasiones hasta que la ha tumbado definitivamente hace unos días, entra la duda de si Hacienda actúa de manera ilegal a sabiendas, lo que implica un delito de prevaricación. Pero esto no será este redactor quien lo determine. Tendrán que ser los tribunales.

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