Vivimos unos momentos en los que cada medida de política económica que el Gobierno está poniendo en marcha va en la mala dirección. Su negativa a una política energética racional y eficiente está contribuyendo a tensar los precios de la energía y, a través de ellos, los de todos los productos. Lo mismo sucede con el gasto público desmedido, que presiona al alza la demanda, de manera artificial, generando cuellos de botella, que al estar financiados por una liquidez elevadísima -recordemos que, al fin y al cabo, la inflación sólo tiene causas monetarias; si no hubiese tanta liquidez esos cuellos de botella desaparecerían en el medio plazo, al tener que equilibrarse los mercados a través de su vaciado-. Por último, la medida de incremento de salario mínimo incrementará el coste de las empresas, expulsará a muchas personas del mercado de trabajo y lastrará la recuperación. Todo ello, nos hace perder cotas de productividad y de competitividad.
La economía española cuenta con este gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.
Así, si analizamos la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo, vemos cómo no ha dejado de disminuir desde el primer trimestre de 2021, con bajadas muy profundas, acrecentadas en el último trimestre disponible, según se desprende de los datos de avance de la Contabilidad Nacional Trimestral.
Paralelamente, el coste laboral unitario crece con fuerza en el mismo período, con la excepción del descenso en el IITR de este año. Es decir, ya crecían los costes laborales unitarios de manera muy importante antes de que se diese la subida del coste energético y el incremento de inflación actual, lo que muestra que esas subidas de costes laborales presionan artificialmente a la demanda, impulsando la inflación al alza al ser financiada por una política monetaria tremendamente expansiva.
Por último, la inflación no deja de crecer. Desde noviembre del año pasado se está produciendo una escalada de la tasa anual de inflación, subiendo desde el -0,8% interanual de noviembre de 2020 hasta el 6% de enero de este año que marca el indicador adelantado, con un pequeño respiro que reflejó el índice en el pasado mes de febrero, donde se aplanó ese mes para crecer, al mes siguiente, 1,3 puntos, para continuar incrementándose en los meses restantes.
De hecho, el incremento del último año ha sido notable, desde el -0,5% de agosto de 2020 hasta el 6% actual, es decir, una subida de seis puntos, con un aumento importante desde inicios de este ejercicio.
Todo eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.
De hecho, el INE ha publicado los costes laborales trimestrales del IIITR-2021 y los resultados siguen en la línea del deterioro de la productividad y la competitividad. Así, el incremento de los costes laborales fue de un 4,9% interanual (que tiene más importancia dicha subida al venir de un incremento del 13,9% en el trimestre anterior) y el aumento de los costes salariales fue de un 5% (también después de haber crecido un 14,4% en el IITR, con lo que se constata un incremento sostenido en el tiempo (aunque en ello, influye, en el IITR, la reincorporación de trabajadores en ERTE, pero no deja de ser un incremento muy significativo), con una pérdida de 6,1 horas a la semana sobre la jornada semanal media pactada, que equivale a una pérdida del 17,38% de dicha jornada semanal, donde el dato más importante es el descenso en el número de horas de la jornada laboral, no tanto en las perdidas, ya que la mayor parte se debe al período vacacional. En cualquier caso, la parte que se pierde por otros motivos diferentes a las vacaciones supone un importante retroceso en la productividad y la competitividad, las cuales necesita la economía española de manera urgente.
Este coste laboral se incrementará con el aumento artificial del salario mínimo y con la contrarreforma laboral que hace que muchas empresas que necesitan contratar por obra y servicio se vean obligados a convertir en indefinidos esos contratos.
Ahora, el Gobierno lo ha elevado a 1.000 euros en 2022, de manera que habremos pasado en tres años de un salario mínimo de 735,90 euros a otro de 1.000 euros, con un incremento acumulado del 35,89%.
Esto constituye, como digo, un gran error, pues supondrá en el medio plazo el despido de muchas personas o, en el mejor de los casos, el fin de la creación de empleo, que se unirá a la mayor rigidez que introduce la contrarreforma laboral y el impacto negativo de subidas de impuestos y cotizaciones que quiere llevar a cabo el Gobierno. En cualquier caso, será un retroceso en las oportunidades de los trabajadores, pues verán limitado su abanico de elección en el mercado laboral por un artificio diseñado en los despachos entre personas que o no han trabajado nunca o hace mucho que no trabajan.
En lugar de estas medidas equivocadas de política económica, se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo. Esa productividad no se consigue con un incremento del gasto público sin medida, sin objetivo y sin resultados. No se trata de gastar por gastar, sino de mejorar el entorno económico y laboral que permita que la economía mejore de manera eficiente.
Por ello, resulta esencial eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica y al empleo, flexibilizar más el mercado de trabajo en lugar de derogar la reforma laboral, conseguir recobrar una seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo, impulsar la unidad de mercado y eliminar trabas al emprendimiento y al trabajo. Sólo con flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de barreras podrán remontar la productividad y la competitividad en la economía española, esenciales para aumentar el crecimiento potencial y el empleo.