El trabajo del comité de expertos para la reforma fiscal constituido por el ministerio de Hacienda no puede estar más alejado del consenso existente en el ámbito del estudio y el análisis económico. Las dimisiones que sufrió el grupo de trabajo, con la salida de expertos como Ignacio Zubiri o Carlos Monasterio, confirman que el departamento de gobierno que dirige María Jesús Montero no parece tener otro interés que sacar adelante como sea un documento en el que se abogue por un "estallido fiscal" en toda regla.
De hecho, como explicó el catedrático Luis Manuel Alonso en un documento de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, "la misma resolución que crea el comité de expertos incluye en su apartado quinto un llamado a aproximar progresivamente los ingresos tributarios, hasta llegar a la media de los países miembros de la Unión Europea. Esto quiere decir que su mandato es buscar el modo de incrementar la presión fiscal, de subir los impuestos. Nunca antes una comisión de expertos había sido condicionada de tal manera desde el momento mismo de su constitución en cuanto a los resultados esperables de su labor. Por consiguiente, es claro y meridiano el interés último del gobierno: incrementar como sea los impuestos estatales y en ese órdago va incluido neutralizar iniciativas legítimas que caminan en otra dirección, como las de la Comunidad de Madrid".
También el Instituto de Estudios Económicos, decano de los think tanks españoles, ha puesto encima de la mesa la importancia de alejarse de las posiciones defendidas por el ministerio de Hacienda, publicando un Libro Blanco para la Reforma Fiscal en el que sesenta expertos en asuntos tributarios se colocan frente a la línea de trabajo decretada por María Jesús Montero y defienden la importancia de emular las mejores prácticas europeas en materia de impuestos.
Nota del REAF
Pues bien, en la misma línea se ha pronunciado el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), el ente especializado en asuntos tributarios dependiente del Consejo General de Economistas de España (CGEE). Según dicha institución, no solo no es momento de subir los impuestos, sino que considera que es especialmente urgente el eliminar algunos de los gravámenes en vigor, caso del Impuesto sobre el Patrimonio.
En opinión del REAF, es importante que los gobernantes abandonan su pretensión de elevar la fiscalidad a base de reducir los márgenes empresariales y el poder adquisitivo de las familias. En cambio, consideran que lo lógico sería generar actividad económica y favorecer el aumento de la producción, para de esa forma contribuir a un aumento de los ingresos públicos que no vaya en detrimento de la mejora económica del sector privado.
Consideran también los expertos del REAF que no tiene sentido seguir aplicando el Impuesto sobre el Patrimonio y, ante la objeción de quienes consideran que esta figura fiscal juega un papel importante en la lucha contra el fraude, plantean que se mantenga la declaración informativa de patrimonios por encima de determinado umbral, pero sin que ello suponga un pago al fisco.
El documento presentado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales pide clarificar la normativa de gravámenes como Sociedades o IVA, con la idea general de ensanchar las bases, simplificar las deducciones, eliminar las exenciones y bajar los tipos generales. De igual modo, se plantean reformas en profundidad de otras figuras como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que consideran "claramente anticuado".
Donde sí plantean un mayor recorrido impositivo los economistas vinculados al CGEE es en el ámbito de la tributación medioambiental, que recauda el 1,8% del PIB en España frente al 2,4% en la UE. En este punto la nota del REAF insiste en que un aumento de los ingresos que avance por esa vía no debe traducirse en más gasto público general, sino en políticas concretas orientadas a atajar cuestiones medioambientales.
Menos crecimiento
Por su parte, el Colegio General de Economistas de España ha recortado esta semana en cuatro décimas su previsión de crecimiento, pasando ahora a un horizonte de referencia del 5,3%, frente al 5,7% que se planteaba hasta ahora. Esta es la primera revisión conocida tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Nadia Calviño, responsable del Ministerio de Asuntos Económicos, anunció el pasado jueves, 24 de febrero, que no revisaría el cuadro macro del gobierno "hasta abril", de modo que el desfase entre la mejora del PIB del 7% que anuncia el Ejecutivo y las estimaciones de los analistas independientes se antoja cada vez más grande. El PP ya ha pedido la comparecencia en el Congreso de la también vicepresidenta, para ahondar en esta cuestión.
El Observatorio Financiero del CGEE, publicado el lunes 28 de febrero, apunta que el conflicto incidirá para mal en la ya de por sí preocupante evolución del precio de la energía. "Aunque se habría previsto que este primer semestre tendería a moderarse la inflación, estos acontecimientos van a surtir el efecto contrario", alerta el Colegio.
No hay que olvidar que el servicio de estudios de las cajas de ahorros, Funcas, ya ha anunciado que el IPC en dos puntos a raíz del conflicto armado, de modo que parece probable que llegue hasta el 8,5% o incluso el 9,5%. En el Colegio de Economistas prevén que este entorno de precios altos siga en pie durante todo el ejercicio, mostrando que el fenómeno nunca fue coyuntural, como defendía Calviño.